Durísimo revés a España en el Consejo de Europa por los presos y exiliados Marta Lasalas Estrasburgo. Lunes, 21 de Junio 2021. 20:18 Actualizado: Lunes, 21 de Junio 2021. 21:35 Tiempo de lectura: 4 minutos
La intervención del presidente español, Pedro Sánchez, en el Liceu de Barcelona anunciando los indultos de los presos políticos catalanes y con protestas en la calle se ha escuchado con claridad en Estrasburgo. Pero ha llegado demasiado tarde. No ha conseguido evitar el durísimo revés que España ha recibido en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que hoy ha aprobado el informe en que se pide la libertad de los presos políticos y acabar con la persecución de los exiliados.
El texto, bajo el título Tendrían que ser perseguidos los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? se ha aprobado con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones después de un tenso debate y de una votación en que se han rechazado una tras otra las enmiendas impulsadas por los diputados españoles que intentaban rebajar algunos de los puntos clave.
Exiliados y acabar con la persecución La delegación española no ha conseguido salir adelante en el intento de excluir del texto el llamamiento a acabar con la persecución de los exiliados o el rechazo a que se vuelva a penalizar los referéndums no autorizados.
Tampoco ha prosperado la enmienda que los indultos no puedan incluir los delitos vinculados con la malversación. De hecho, la insistencia de los diputados populares de atribuir un delito de corrupción a los presos políticos ha chocado repetidamente con la réplica del ponente del informe, el socialista letón Boriss Cilevics.
Igualmente, la asamblea ha tumbado las dos enmiendas de los diputados españoles, una socialista y una popular, que intentaban excluir del informe la petición para acabar con los procesos contra funcionarios de rango inferior implicados en el referéndum del 1-O.
Negociar cuestiones sensibles La enmienda popular que intentaba situar a los políticos unionistas como una minoría cuyos derechos hay que proteger en el Parlamento, ha provocado directamente las ironías del ponente del informe.
En el otro plato de la balanza, no se ha aceptado una enmienda impulsada, entre otros por la senadora de ERC Laura Castel, la propuesta de incluir la amnistía en el texto. En cambio, sí la apelación a que España acepte dialogar también sobre "cuestiones sensibles".
Condenados como asesinos El socialista letón que se ha encargado de la redacción del informe, Boriss Cilevic, ha abierto el debate admitiendo que Turquía y España, los dos países que se analiza en el informe, tienen situaciones muy diferentes. No obstante, ha advertido, en referencia a los presos políticos, que "no se ha observado nada parecido en ningún otro estado miembro Consejo de Europa". Ha subrayado que tanto en España como en Turquía los políticos, a pesar de protagonizar manifestaciones pacíficas, "van ser condenado a penas muy largas, reservadas a asesinos y violadores".
A diferencia del Parlamento Europeo, en la Asamblea del Consejo de Europa no ha habido un cierre de filas entre los estados o los grupos políticos. Y así lo han hecho evidente los portavoces del grupos.
La portavoz del grupo popular, Theodora Bakoyannis, se ha alineado con la posición de España, ha denunciado que se comparase con el caso de Turquía y ha advertido que su grupo no aprobaría el texto si no se aceptaban sus enmiendas. Pero no así el resto de grupos, ni tan sólo de otros diputados populares, como el francés, François Calvet, que ha subrayado que un proceso judicial que ha llevado a condenas tan largas obliga al Consejo de Europa a pronunciarse.
El portavoz del grupo liberal, el francés Jacques Maire, ha coincidido en que las penas son desproporcionadas y, a pesar de admitir que el gobierno español está haciendo movimientos, se ha pronunciado a favor de los indultos.
El socialista holandés Tiny Kox se ha referido a las palabras de Sánchez y ha admitido que el caso de España no es lo mismo que el de Turquía, pero se ha declarado a favor de "el indulto y la amnistía" y ha celebrado que el informe haya podido servir de ayuda en este sentido. De hecho, Kox se ha encargado de ir rechazando buena parte de las enmiendas españolas, también las socialistas.
Soledad de los diputados españoles Estos posicionamientos han hecho todavía más evidente la soledad de los diputados españoles a la hora de defender la actuación del Estado español. En el turno de los diputados, el socialista Antonio Gutiérrez ha advertido que las peticiones para parar las extradiciones y acabar con los juicios pendientes van en contra de la independencia judicial y la separación de poderes.
Especialmente contundentes han sido los parlamentarios populares, como María Valentina Martínez Ferra, que ha insistido en denunciar que que los presos independentistas "desafiaron a España", que fueron condemnados por saltarse la ley y por "corrupción" y que no se les puede indultar porque no se han arrepentido de lo que hicieron. Precisamente, uno del puntos que señala el texto aprobado por el Consejo, advierte que no se puede obligar a los políticos a renegar de sus ideas para conseguir un indulto o un beneficio penitenciario.
El también popular Pablo Hispán ha insistido en los mismos puntos y ha alertado que los presos independentistas han dicho que lo volverán a hacer y el Tribunal Supremo se ha pronunciado en contra de sus indultos.
Por el contrario, la senadora de ERC Laura Castel ha alertado de que el indulto no es la solución para la situación de centenares de personas perseguidas por su intervención en el referéndum y ha defendido la amnistía. Ha advertido que el referéndum lo defienden más del 80% de los catalanes y ha denunciado acoso judicial contra centenares de personas perseguidas por el procés.
Hola, veréis, el caso es que estoy eligiendo componentes para renovar mi ordenador y, dado que quisiera utilizarlo para jugar a videojuegos y para ejecutar un programa sobre computación distribuida, quisiera preguntaros si he hecho una buena elección al elegir estos componentes;
CPU: Intel Core I7-10700 2.9 Ghz (8 núcleos y 16 hilos) de 10a generación.
Memoria RAM; 16 GB divididos en dos módulos Kingston de 8 GB a 2666 MHZ.
Disco SSD: Western Digital WD Blue 500 GB / SATA III.
Disco duro "secundario": SSD Kinsgton 500 GB ("reciclado" del ordenador anterior).
Sobre la Tarjeta Gráfica: estoy dudando entre estos 2 modelos:
ASUS Geforce GT 1030 / 2 GB GDDR5 o bien una Geforce GTX 1660 / 6 GB.
Dicho sea de paso, he de resaltar que mi intención es que el ordenador cumpla con los requisitos para jugar a juegos con requisitos similares al Resident Evil Village en condiciones pero nunca a 60 fps y con la resolución mas alta,.
Por ultimo, quisiera añadir que, bueno, a raíz de este ultimo punto me ha surgido la duda sobre elegir entre la Geforce GT 1030 y la Geforce GTX 1660, ya que tengo mis dudas de que la primera me permita jugar con cierta fluidez a juegos nuevos.
Muchas gracias por vuestra atencion y por vuestra ayuda por adelantado, y, bueno, saludos.
PD: Para los que no sepan bien de que va el tema de la computación distribuida, quisiera añadir un par de enlaces;
PD2: Al igual que el SSD "secundario", la pantalla, teclado y ratón también son "reciclados", en el sentido de que son componentes del ordenador que estoy utilizando ahora y son componentes que puedo aprovechar para el ordenador nuevo.
Hola, veréis, quisiera abrir este tema para comentar una pequeña duda; Desde hace algunas semanas, no me aparece la opción para reportar mensajes en ninguna sección del foro salvo la sección de noticias, lo cual no me ha permitido reportar dos mensajes "mal publicados" (o, dicho de otra manera, con lenguaje despectivo hacia otros usuarios) por el moderador de la sección de noticias
Entonces, y, dado que se han publicado la duda que quisiera exponer es; ¿la causa de esto esta relacionado con algún problema de "software" (véase algún problema de navegador y/o servidor, por ejemplo) o bien porque se ha bloqueado esta opción por X razones?.
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Hola, veréis, quisiera abrir este tema para hacer una pregunta relacionada con la prevención de Malware, y mas concretamente sobre Bombas Fork.
Entonces, y, yendo directamente a la duda principal; ¿hasta que punto es posible prevenir y/o "limitar" los efectos de una Bomba Fork?.
Y, por otra parte, ¿seria posible "aplicar" medidas de seguridad equivalentes y/o similares para poder prevenir sus efectos en S.O. Windows y en Linux (tales como limitar la cantidad de procesos por usuario)?.
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Entonces, la pregunta en si es; ¿Esta permitido compartir enlaces en el foro para, digamos, poder descargar una ISO de un disco de inicio de Windows 95, Windows 98 y/o Windows ME?. Por supuesto, el objetivo seria mas bien didáctico y para dar soporte a usuarios/visitantes interesados que quieran aprender a instalar estos S.O.
Por otra parte, y, en caso de no estar permitido; ¿podría preguntar si es por temas relacionados con las normas del foro o bien con "otros temas legales (relacionados o no con Copyright)?.
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Hola, veréis; viendo que cada vez falta menos para que la vacuna del Coronavirus COVID-19 este disponible para que los países empiecen sus campañas de vacunacion, quisiera abrir este tema para realizar la siguiente pregunta en este foro::
¿Estaríais dispuestos a poneros la vacuna?.
Por mi parte, creo que si que estaría dispuesto, aunque en parte tampoco quisiera ser de los primeros.
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Hola. Quisiera abrir este tema para poder compartir bugs que hemos podido ver o encontrar en videojuegos, y, por otra parte, hacer una recopilación de estos en este foro, si no es molestia, claro esta.
Entonces, y, para comenzar con este tema, quisiera añadir dos casos;
-El primero es de un videojuego Burnin' Rubber para el ordenador Amstrad de los años '80-'90. Como pequeña descripción, si dejabas el coche parado en el "circuito principal" y y el tiempo llegaba a 0, el juego entraba en un bucle infinito mostrando un recorrido que realmente no se ha hecho;
-El segundo es sobre los tres primeros juegos de Pokemon para la 1a Game Boy de 8 bits (también de los años '80-90) llamado islas Glitch.
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Hola, veréis, quisiera abrir este tema para añadir una sugerencia para el foro, y que, en parte, espero que sea pueda ser de ayuda/utilidad para aumentar (aunque sea ligeramente) la actividad de este foro.
Entonces, y, yendo directamente al tema principal: después de ver que algunas de las noticias solo se publican en blog de elhacker.net, quisiera sugerir la posibilidad de añadirlas también en la sección de noticias del foro con su respectiva fuente.
Y, bueno, se que no es gran cosa y que, como todo, requiere algo de trabajo extra. Aun así, y, como he comentado antes, quizás esta opcion podría ayudar a aumentar (aunque sea levemente) la actividad del foro con algunos visitantes adicionales.
Por ultimo, creo que también podría compensar el hecho de que wolfbcn dejara de publicar nuevas noticias desde diciembre de 2019, por no decir que también complementarían las que va publicando El_Andaluz en la sección de noticias del foro..
Muchas gracias por vuestra atención, y, bueno, saludos.
Noticia; El Gobierno podrá intervenir Whatsapp para enviar mensajes masivos
El Gobierno podrá intervenir servicios como Whatsapp y Telegram para difundir mensajes entre la población en el caso de situaciones excepcionales. Lo podrá hacer en el marco del anteproyecto de la Ley de telecomunicaciones.
Este anteproyecto, tal como avanza el digital Vozpopuli, también dará permiso al ejecutivo de Sánchez para intervenir las redes de los operadores. "Esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, a la seguridad pública o la seguridad nacional", apunta el texto del anteproyecto.
Paco Pérez Bes, socio de Derecho Digital de Ecix Group, ha explicado al citado medio que el ejecutivo prevé una intervención puntual para difundir "mensajes y alertas oportunas durante una situación excepcional". Pérez considera que "la solución es aparentemente positiva y eficaz, siempre que esté amparada por una norma, y se haga de manera excepcional y durante un tiempo concreto, aplicando todas las cautelas para que no se vean afectados derechos de terceros.
Un escenario que genera controversia Sin embargo, Pérez Bes lamenta que el escenario puede generar controversia: "¿Qué es una situación excepcional y dónde acaba aquello transitorio?", se pregunta.
Este anteproyecto contempla otros aspectos como por ejemplo que las OTT (plataformas que pueden transmitir audio, vídeo y contenidos a través de internet sin la implicación de los operadores tradicionales en el control) abonen una tasa si superan el millón de euros de ingresos por servicios sin numeración propios de los operadores. Es decir, aquellos que sin ser operadores tradicionales permitan, entre otras cosas, hacer llamadas, videollamadas o enviar mensajes y facturen más de un millón de euros.
Este nuevo abono afectará a WhatsApp, Facebook, a Twitter o Instagram si facturan más de un millón de euros por estos tipos de servicio.
El Gobierno se prepara para los escenarios más preocupantes y ultima una ley para controlar no solo las calles sino también las comunicaciones ante problemas de orden público. Así, el Estado podrá asumir la gestión directa o intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas con carácter excepcional y transitorio si hay riesgo para el orden público, la seguridad pública o a la seguridad nacional. De esta forma, podrá intervenir servicios de mensajería como WhatsApp o Telegram para difundir mensajes en situaciones de emergencia.
El anteproyecto de la nueva Ley general de Telecomunicaciones, que estará en audiencia pública hasta el 13 de octubre y que constituye una de las principales medidas de la Agenda España Digital 2025 presentada por el Ejecutivo el pasado mes de julio, contempla este escenario para los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales cuando tengan asignada la obligación de transmitir alertas públicas en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.
El Gobierno ha explicado que para estos casos excepcionales se podrá asumir la gestión directa o la intervención de cualquier infraestructura, recurso o elemento de la red o del servicio que resulte necesario para preservar el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En el caso de incumplimiento de estas obligaciones de servicio público, el Gobierno podrá acordar que la Administración General del Estado asuma la gestión directa o intervenga los correspondientes servicios o la explotación de las redes. Todo ello, igualmente con carácter excepcional y transitorio, según se recalca en el anteproyecto.
Control de la CNMC Para ello será necesario previamente un informe preceptivo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Estas decisiones las podrá adoptar el Gobierno por propia iniciativa o a instancia de una administración pública competente. En este último caso, será preciso que la administración pública tenga competencias en materia de seguridad o para la prestación de los servicios públicos afectados por el “anormal” funcionamiento del servicio o de la red de comunicaciones electrónicas.
Por su parte, las redes, servicios, instalaciones y equipos de telecomunicaciones que desarrollen actividades esenciales para la defensa nacional se reservan al Estado y se rigen por su normativa específica. De hecho, los ministerios de Defensa y de Asuntos Económicos y Transformación Digital coordinarán la planificación del sistema de telecomunicaciones de las Fuerzas Armadas, a fin de asegurar su compatibilidad con los servicios civiles.
Por lo que respecta al uso de las telecomunicaciones, en los ámbitos del orden público, la seguridad pública, la seguridad vial o la protección civil, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital cooperará con el de Interior y con los órganos responsables de las comunidades autónomas con competencias en la materia. El anteproyecto también regula el servicio de comunicaciones de emergencias sobre el que se apoya el número 112. Así, se contempla la posibilidad de usar los datos de localización del que realiza la llamada, así como la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas.
Además de regular el sector de las telecomunicaciones, uno de los objetivos de esta ley es el de trasponer la directiva de la UE del Código de las Comunicaciones Electrónicas, para lo que había de plazo hasta este 31 de diciembre. El Gobierno prevé que este anteproyecto pueda entrar en el parlamento a comienzos de 2021 y que la ley esté aprobada a finales del segundo trimestre de 2021 o a principios del tercero.
NOTICIA; El Gobierno podrá intervenir servicios digitales si amenazan al orden público
El Ejecutivo podrá intervenir redes y servicios de comunicación electrónica si afectan al orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional El Decreto-ley fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes y modifica la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) y la Ley General de Telecomunicaciones. Pedro Sánchez lo justificó en la necesidad de parar la "República Digital Catalana" También permite al Ministerio de Economía cerrar webs si considera que crean "graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes"
El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales. Estos escenarios son: que puedan afectar al orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o creen graves perjuicios económicos.
"En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional". Así lo señala el texto del Real Decreto-ley 14/2019 de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, y que este martes aparece publicado en el BOE.
El decreto, que fue aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros, fue justificado por Pedro Sánchez como necesario para parar el desarrollo de la "República Digital Catalana". El texto definitivo no cita ese concepto ni los disturbios de Barcelona pero hace referencia a "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español", que considera que "han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación", argumenta el Gobierno en las disposiciones generales. Este Real Decreto-ley modifica varias leyes, entre ellas la General de Telecomunicaciones de 2014.
En esa ley ya se hablaba de la posibilidad de que el Ejecutivo, también con carácter excepcional y transitorio, pudiera acordar la asunción por parte de la Administración de la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas redes de comunicaciones electrónicas para garantizar la seguridad pública y la defensa nacional.
Ahora se añade una nueva redacción del apartado y se habla de gestión directa o de intervención en los supuestos que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y nacional.
Esta decisión se podrá adoptar por propia iniciativa del Gobierno o a instancias de una administración pública competente; en este último caso será preciso que esta administración, por ejemplo, tenga competencias en materia de seguridad.
También permite al Ministerio de Economía cerrar páginas web y servicios digitales si considera que considere que crean "graves problemas económicos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o demás usuarios del espectro radioeléctrico".
En cuanto el proceso sancionador, el Real Decreto-ley da una nueva redacción a uno de sus apartados: "Previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos".
Introduce, entre ello, el de la amenaza inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública.
El nuevo decreto incluye un apartado nuevo al artículo de la ley de 2014 que se refiere a los requisitos exigibles para la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.
Así, las Administraciones Públicas deberán comunicar al Ministerio de Economía y Empresa todo proyecto de instalación o explotación de redes de comunicaciones electrónicas en régimen de autoprestación que haga uso del dominio público, tanto si dicha instalación o explotación va a realizarse de manera directa, a través de cualquier entidad o sociedad dependiente de ella.
Todo ello se contempla en el capítulo de las medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones, mientras que en el capítulo de las medidas en materia de identificación electrónica y ubicación de determinadas bases de datos, el nuevo Real Decreto-ley dice que deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE.
"Los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la UE".
Los datos a que se refiere el apartado anterior no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por España.
Las entidades públicas tienen un plazo máximo de seis meses a partir de mañana para cumplir con esta obligación.
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