“Nos llegan denuncias contra empresas de todos los sectores, grandes y pequeñas. Como técnicamente es fácil hacerlo, todo el mundo piratea, incluso profesionales que viven de la propiedad intelectual”, explica Carlos Pérez, responsable de asuntos legales de BSA-The Software Alliance en España, la organización que agrupa a escala mundial a las principales empresas de software del mundo –Adobe, Apple o Microsoft, entre otras- para luchar en su nombre contra la piratería de sus productos.

España, sólo superada por Grecia, Italia, Chipre e Islandia, se sitúa a la cabeza de los países de la UE con mayor piratería de software. Según los cálculos de la BSA, un 44% de los programas utilizados por las empresas en el Estado es ilegal, un 10% por encima de la media europea. “Es una cuestión de mentalidad, que hay que ir cambiando. No hay percepción de que sea delito, como lo es engancharte ilegalmente a la red eléctrica”, apunta el presidente del Cómite Español de BSA, Juan Luis Ramos.

El último estudio sobre el impacto del uso de software ilegal en España cifra en 1.150 millones de euros la riqueza económica que se generaría si tan solo se aumentase un 1% el uso de programas con licencia. Desde la BSA se agarran a estas cifras para tratar de concienciar a todos los usuarios, y en especial a los empresarios, de los beneficios del uso de material legal, “también en términos de empleo y de recaudación del Estado”.

Cada año reciben unas 300 denuncias, la mayoría, hechas por exempleados de la empresa denunciada, de las que entre 15 y 20 suelen llevar a la vía judicial, con registros en las compañías sospechosas.

Si se aprueba en los términos actuales el nuevo Código Penal abriría la posibilidad de perseguir el uso de software sin licencia por la vía penal. Es una reforma que cuenta con la bienvenida de esta industria. “Nos ayudará mucho, facilitará trámites y en muchos procedimientos será posible actuar más rápidamente”, señala Carlos Pérez.

El Código Penal vigente no considera que la empresa se lucre al emplear software ilegal si solamente lo usa y se ahorra el pago de la licencia, pues no se dedica a comercializarlo. Con el nuevo Código esto cambiaría y beneficiarse directa o indirectamente se consideraría lucro comercial.

Los otros dos pilares que completarían la lucha contra la piratería son la polémica Ley Sinde-Wert y el Antreproyecto de Ley de Propiedad Intelectual, no menos cuestionado en diferentes frentes.

Las asociaciones de internautas abogan por que las firmas luchen contra la piratería con una oferta de contenidos legales adecuada tanto en precio como en cantidad, y no criminalizándola y aumentando sanciones y penas. Desde la BSA consideran que la cuestión del precio es “una excusa” y defienden que hoy en día hay licencias asequibles y opciones “más flexibles” gracias, por ejemplo, al avance del cloudcomputing (computación en la nube), que posibilita el acceso a un servicio o aplicación a través de internet sin necesidad de instalarlas en los equipos.

http://www.lavanguardia.com/internet/20131007/54388545034/todo-el-mundo-piratea-bsa-the-software-alliance-espana.html