por : Helga Yagüe: 11 Oct 2010, 18:12

 El Consejo Nacional Consultivo de CyberSeguridad pide que se desarrolle un marco normativo para responder a ciberataques como los ocurridos la semana pasada.

Se siguen sucediendo las respuestas a los ataques que el grupo Anonymous dirigió la semana pasada con las páginas web de la SGAE, el Ministerio de Cultura y Promusicae.

 En esta ocasión, es el Consejo Nacional Consultivo de Cyberseguridad (CNCCS), quien muestra su apoyo a las Administraciones Públicas para sacar adelante una legislación sobre ciberdelincuencia “coherente con los tiempos”.

 Según explican desde el Consejo, se han incluido dos párrafos sobre este tipo de actividades ilegales en la reforma del código penal (Art. 264) que entrará en vigor el próximo 22 de diciembre.

 En uno de los artículos se establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años a quien “borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese inaccesibles datos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave”.

En el otro, se fija una pena de prisión de 6 meses a 3 años para quien “obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando el resultado producido fuera grave”.

 Precisamente las últimas noticias que se han tenido de Anonymous es que no piensan darse por vencidos y que podrían repetir sus ataques tal y como se desprendía de sus último mensaje:

“Debemos demostrar una vez más nuestro poder. Debemos liberar el mundo de la opresión”.

 (El CNCCS es una organización privada fundada por Amper, Deusto, Hispasec, Indra, Optenet, Panda Security, S2grupo, TB security y S21sec entre otros, con el objetivo de difundir el conocimiento sobre asuntos relacionados con la seguridad en la red.)

 vINQulos

 CNCCS, Silicon News

FUENTE :http://www.theinquirer.es/2010/10/11/exigen-una-legislacion-%e2%80%9ccoherente%e2%80%9d-contra-la-ciberdelincuencia-tras-el-ataque-a-la-sgae.html

Toda vez que se tocan los intereses de los “poderosos”, surge quien pide más represión punitiva, calificando de delito lo que por su naturaleza no lo es. Está bien que se prohíba no causar daños innecesarios a otros, pero cuando éste tiene justificación o ( si es que de “daño” puede hablarse)  en la medida que lo sustente la defensa y protección de derechos superiores a los meramente patrimoniales, no debería haber juicio de reproche y menos que menos penal.

Entre dos “males”, se debería optar por el menor. El "presunto" ataque, en mi opinión no es otra cosa que una forma de defensa.

Sin ahondar el otro punto y es que queda en manos de la interpretación del juez el criterio de grave.

¿Qué es grave? Todo dependerá del sistema de referencia, y siempre será peligrosamente subjetivo.

 Llamativa paradoja: los estudiosos del derecho penal, profesores, juristas de prestigio, abogan por un derecho penal mínimo y objetivo, sin  estigmatizar o rotular y el nuevo proyecto normativo de reforma, introduce un concepto indeterminado y subjetivo como es la gravedad.

En fin, el tema es opinable conforme a la jerarquía que se le otorgue a  los derechos en juego: libertades versus patrimonios.