Las prácticas de Vodafone a la hora de reclamar un pago de 23 euros a uno de sus usuarios han salido caras a la compañía. El operador ha sido condenado a pagarle una indemnización de 900 euros porque el juez ha considerado que la empresa "agredió su tranquilidad".

El magistrado del Juzgado de primera instancia número 7 de Gijón, Rafael Climent, ha condenado a Vodafone a compensar con 900 euros a uno de sus usuarios. El juez ha considerado probada la "intimidación reiterada y hostigamiento telefónico" que sufrió el usuario por parte de la compañía para que pagase una supuesta deuda de 23,40 euros. Para ello se valió de la empresa Konecta, subcontratada para la gestión de deudas.

La actuación de la compañía "provocó un sufrimiento psíquico o espiritual" que el magistrado considera digna de sanción "prudencial" por los "daños morales" que sufrió el demandante. "Esta actitud vulnera abiertamente las relaciones de convivencia y el arreglo pacífico y civilizado de las controversias personales y económicas", detalla la sentencia, en la que también se pone en duda que existiese la citada deuda. El juez recuerda que "no se puede admitir la utilización de la intimidación moral para exigir el pago de deudas" y que para ello hay que "recurrir siempre a la vía judicial".

Los hechos parten desde que el pasado año Carlos León, vecino de Gijón, suscribiese un contrato verbal con Vodafone para la instalación de un módem. Tras un plazo de semanas en el que la compañía no cumplió con el servicio por no poder reactivar la línea, el contrato se dio por suspendido. La sorpresa de León llegó cuando dos meses más tarde recibió un cargo en su cuenta de banco de 23,40 euros sin factura alguna ni justificación por los conceptos y gastos.

El afectado señala que la compañía no le aclaró por qué conceptos pretendía cobrarle por lo que optó por no pagar. De ahí se derivó la contratación de Vodafone a Konecta para que según el juez "realizara actividades de acoso de manera reiterada para que el demandante pagara". En su denuncia, León asegura que recibía llamadas a las 8 de la mañana y a lo largo del día recibía otras "de mayor o menor impertinencia en función del teleoperador". La reiteración en las llamadas y la incapacidad para frenarlas derivó en una situación psicológica de angustia que "requirió atención médica, baja laboral y tratamiento con ansiolíticos".

El juez ha considerado acreditado el testimonio del afectado y por ello ha sancionado al operador. Además de la multa por intimidar de manera reiterada y provocar así "daños morales y sufrimiento" a su cliente tendrá que pagar las costas del proceso judicial.

Fuente: La Nueva España

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