En España están de actualidad los requerimientos de pago a particulares que han descargado archivos mediante una red P2P. Se utiliza la dirección IP (como única prueba) para incriminarles, algo que atenta contra la presunción de inocencia.

Lo ilustra a la perfección un video que tiene subido a su canal de YouTube David Bravo (conocido abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual), en el que presenciamos un juicio celebrado en el 2014 -> un punto y seguido y añadimos. ¿La causa? Vejaciones en internet.

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