Según el balance anual de Facua el sector de las telecomunicaciones continúa siendo el más denunciado por los consumidores, con más de un tercio del total de reclamaciones (37,6%), seguido por la banca (17,4%) y la energía (10,7%). La organización ha denunciado en repetidas ocasiones la pasividad de los ministerios competentes en materia de protección al consumidor y telecomunicaciones (Sanidad e Industria) y las autoridades autonómicas ante las frecuentes irregularidades. Y no le falta razón.

Los motivos principales de las denuncias son los incumplimientos de las ofertas comerciales, altas en servicios no solicitados o el cobro de llamadas no realizadas. Pero al margen de estas irregularidades que las propias compañías suelen enmendar nada más ser denunciadas, existen otras no tan evidentes y que según la normativa vigente también deberían cumplir.

Este es el caso de los cobros por el envío de los recibos en papel, las penalizaciones a aquellos usuarios que se han dado de baja al incumplir la operadora una obligación contractual o el hecho de que no liberen el móvil.

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