Estados Unidos está viviendo un intenso debate sobre el discurso del odio en internet. No hay leyes específicas sobre esta cuestión en el país. En términos generales, las autoridades parten de la premisa de que no es su trabajo decidir qué tipos de mensajes deberían prohibirse. El Gobierno considera que esta responsabilidad recae sobre las empresas que fabrican y comercializan la tecnología que soporta las comunicaciones en el entorno virtual.

A medida que la web se inunda de contenido extremista y los incidentes violentos se suceden, también crece la presión pública para que estas compañías asuman el desafío. La mayor atención se ha centrado en las grandes potencias digitales, empezando por Google. Sin embargo, el papel de muchas otras organizaciones es tan relevante como el suyo, o más. Y, como denuncian múltiples colectivos, estas parecen haber abdicado de su dimensión ética.

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