Dos noticias del mismo día, las dos de redes sociales y libertad de expresión. En un caso, un delegado expulsado de UGT por criticar al sindicato en su muro de Facebook. En otra noticia se nos informa de la reprimenda a un fiscal de la Audiencia Nacional por haber creado presuntamente un perfil cómico de Twitter para ironizar sobre jueces y fiscales.

¿Qué tienen de común ambos casos, más allá de la coincidencia cronológica? Es evidente: la intolerancia al discrepante en el seno de organizaciones estructuradas jerárquicamente.  En el caso del sindicato, y siempre según la noticia, se llegó al extremo de investigar a quienes habían pulsado el botón de ‘Me gusta’ en Facebook. En el caso del fiscal, por lo visto, se inició la investigación a partir de una denuncia anónima. No me negarán que es rizar el rizo ver a un miserable delator anónimo denunciando el anonimato de una cuenta de Twitter: premio especial para el correveidile en el infierno de los chivatos.

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