El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decretado la puesta en libertad provisional "con cargos y sin fianza" para el presidente ejecutivo de la Sociedad Española de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad de gestión detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre la presunta comisión de delitos societarios y de blanqueo de capitales: el director general de la SDAE, Enrique Loras, y el director económico y financiero, Ricardo Azcoaga.

Todos ellos han abandonado ya las dependencias judiciales en un coche que esperaba a la puerta de la Audiencia Nacional.

Como medidas cautelares el juez ha fijado a los tres la prohibición de abandonar el territorio nacional, les ha retirado el pasaporte y les ha obligado a fijar un domicilio y un teléfono de contacto. En su auto, Pablo Ruz señala que existe arraigo y no aprecia riesgo de fuga.

Tras tomarles declaración el juez les imputa a los tres un "presunto delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación", que puede ser penado con hasta seis años de prisión; así como un "presunto delito de administración fraudulenta",por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel.

En el caso de Teddy Bautista el juez aprecia además indicios de "un presunto delito societario negativa o impedimento a socios de derecho de información y participación" y precisa que la pena puede llegar hasta los doce meses de multa.

Libres con cargos los detenidos de Microgénesis

La principal accionista de la empresa Microgénesis, Elena Vázquez, y su director financiero, Celedonio Martín, también han sido puestos en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional y ser imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta.

También se les ha decretado la libertad sin fianza por la inexistencia de riesgo de fuga y, al igual que en los casos anteriores, se les ha prohibido salir del territorio nacional y se les ha retirado los pasaportes.

En el caso de Elena Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta cuatro años de prisión.

Vázquez es cuñada del también detenido José Neri, el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)- y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Y Celedonio Martín es un empleado de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.

Los detenidos restantes -la esposa de Enrique Loras, María Antonia García Pombo, la hermana de ésta, Eva, y uno de los socios directores de Microgénisis- no pasarán a disposición judicial hasta el lunes.

Todos ellos fueron detenidos el pasado viernes a raíz de la investigación llevada a cabo desde 2010 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

Esta mañana, tras permanecer en dependencias del Instituto Armado desde la tarde del viernes, fueron trasladados a la Audiencia Nacional donde se sometieron al interrogatorio del juez y del fiscal anticorrupción José Miguel Alonso que, en el caso de Bautista, se prolongó durante casi cuatro horas.

Un año de investigación

Las diligencias sobre la SGAE arrancaron en marzo de 2010, momento en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, entonces Baltasar Garzón, recibió una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

A partir de ese momento, Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarrollado una detallada investigación que ha culminado en la detención de nueve personas. La sede la sociedad fue registrada el pasado viernes, día en el que el magistrado autorizó también el embargo y bloqueo de distintas cuentas.

Según los datos que obran en las diligencias, que han sido declaradas secretas, los detenidos podrían haber creado una trama societaria en aprovechamiento de su situación dentro de la sociedad y desviado fondos en perjuicio de la propia entidad y de sus socios.

FUENTE :http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/03/espana/1309661875.html

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