Esta semana, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de ley con el que tratar de legislar sobre el derecho a la igualdad de trato y la protección contra los discursos del odio. La ley que quiere impulsar la Comunidad aspira a implantarse a nivel general en instituciones y servicios públicos, pero también en redes sociales, con sanciones de entre 3.000 y 45.000 euros dependiendo de la gravedad de la vulneración.

Ante este proyecto, muchos abogados y defensores de la libertad de expresión se han echado las manos a la cabeza, ya que la competencia de decidir sobre la libertad de expresión debería recaer sobre los jueces y no sobre ninguna administración. Es por eso que hemos navegado en el proyecto y hemos consultado a especialistas para ver qué es lo que dice exactamente esta ley y cuales pueden ser sus implicaciones no sólo para los madrileños, sino para el resto de ciudadanos.

Este año se ha hablado mucho de la necesidad de que las redes sociales controlen y eliminen los discursos del odio. Las instituciones europeas han abordado el problema metiendo presión a las empresas responsables de las redes sociales donde se publican las ofensas, pidiéndoles que agilicen los procesos de revisión y eliminación del contenido una vez ha sido denunciado. Han llegado incluso a amenazarlas con legislar en su contra si no lo hacían.

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