Varias productoras han encontrado una manera de atacar judicialmente a usuarios de Euskaltel sospechosos de utilizar P2P para descargas 'piratas', lo que puede suponer centenares de vistas orales en los juzgados mercantiles de la ciudad. Casos prácticamente idénticos son desestimados en la vecina Donostia.
Durante los últimos meses, cientos de clientes de Euskaltel han recibido cartas en las que se les exigía una indemnización a productoras y distribuidoras de vídeo por presuntas descargas de películas y series. Decenas de afectados se han negado a pagar y se han agrupado en una plataforma. Ahora, sus casos están llegando al juzgado, uno a uno. Esta misma estrategia, que se centra en clientes del operador en Bizkaia, podría extenderse a otras zonas de España y afectar a clientes de otros operadores, como Orange o Movistar.
Este lío comenzó hace tres años. En mayo de 2016, un auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia aceptaba algo insólito en España: que se identificase a usuarios monitorizados en una red P2P en un procedimiento mercantil, como manera de determinar si estaban o no cometiendo una infracción.
Esto prácticamente obliga a un operador de telecomunicaciones a identificar a un usuario a partir de una dirección IP, según este auto único en España; algo que que supone una injerencia tan grave en la intimidad de los ciudadanos que, en la jurisdicción penal, se reserva para delitos graves.
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