En julio de 2018, Uganda estableció un impuesto al uso de las redes sociales y de las principales plataformas de comunicación. Es decir, que para acceder a Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter o Skype, los ciudadanos tendrían que pagar al Gobierno una cifra que rondaría los cinco céntimos de euro diarios. Aproximadamente, un euro y medio mensual que grabaría el uso de 60 plataformas.

La medida fue defendida por su presidente Yoweri Museveni, con argumentos como que "chatear en redes sociales es un lujo de gente disfrutando o siendo maliciosa" o que la gente "las usa para mentir y luego no quiere contribuir con la riqueza del país de la que están haciendo mal uso". Además de argumentos morales, el argumento que daba el ministro de finanzas ugandés, Matia Kasaija, era económico: "Buscamos dinero para mantener la seguridad del país y desplegar electricidad, para que la gente pueda disfrutar más de las redes sociales, de forma más frecuentes".

Por una parte, de por sí, las distintas declaraciones ya resultaban contradictorias, como vemos. Por otra, los críticos con Museveni, criticaron que la medida sólo estaba enfocada a la censura online. A ello se sumaba que el Gobierno ugandés afirmó querer desarrollar redes sociales con control gubernamental.

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