Perder el teléfono móvil es, generalmente, un drama personal y económico, y cuando se trata de un robo, puede suponer además un riesgo físico para su propietario, al que los políticos de EEUU quieren proteger con polémicas leyes que conviertan los dispositivos sustraídos en cacharros inservibles.

Los hurtos de telefonía han adquirido la dimensión de problema social en EEUU donde estas actividades ilícitas cuestan al consumidor 30.000 millones de dólares al año, según la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), y suponen un lucrativo negocio para las mafias.

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