Los proveedores de servicios de Internet se encuentran ‘en medio’ de la lucha contra la piratería. Ellos son los que sirven a los usuarios pirata la conexión a Internet y los que, por órdenes de la Justicia, en ciertas ocasiones tienen que actuar. El problema está en que en algunos países la Justicia no se limita a ordenar el ‘corte de conexión’ o introducir algún tipo de bloqueo, sino que también sancionan a los ISP con multas económicas. Y en Estados Unidos, algunos de ‘los grandes’ valoran una solución drástica.

La cuestión gira en torno a Rightscorp. Una empresa de los Estados Unidos que se dedica a rastrear las redes de intercambio P2P única y exclusivamente para extraer direcciones IP de los usuarios que interactúan con determinados torrents para enviarle una base de datos a los operadores que proveen de servicios de Internet. En base a esto, los operadores pueden aplicar medidas contra los usuarios como limitar su navegación web o, sencillamente, aplicar una ‘multa’ económica. La teoría, o el planteamiento, está en el corte de conexión y la solicitud de una compensación económica.

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