La obsesión de la fiscalía española por reabrir casos que se cerraron, porque ni siquiera se consiguió imputar a nadie o de la investigación no se pudo conocer a los posibles autores, intenta incesantemente imputar aquellas personas que presuntamente están relacionadas con investigaciones de los casos de Anonymous.

Parece que la obsesión de la fiscalía es "colgar" a los que estuvieron imputados en aquellos casos de Anonymous, casos que están archivados por el el Juzgado número 52 de Madrid, y como vulgarmente se suele decir, resolviendo la muerte de Manolete o la del presidente Kennedy.

Tras las nueva filtración de datos de policías por parte de "teóricos" ciberactivistas, reclamado por Anonymus, la fiscalía vuelve tras la pista de quienes en su momento formaron parte de alguna investigación relacionada con ellos y, tras más de cuatro años, solicita la reapertura de los casos habidos en España sobre este grupo, aunque la Audiencia Provincial de Madrid ya le comunicó que no cabía la acumulación pretendida.

Se desconoce si estas reaperturas son por falta de opciones de acusación reales con el nuevo caso de revelación de datos personales de agentes de la policía, o por puro ruido para ver si salen los verdaderos autores; lo que es cierto es que entonces se difamó alegremente y difundió la identidad de personas que nunca llegaron a ser acusados formalmente, rozando el quid pro quo con los ciberactivistas, y sin base legal que lo justificase.

Los casos cuya reapertura han solicitado, sin nuevas pruebas respecto a los que aparecían entonces como imputados, pertenecen a Madrid, Barcelona, Murcia, León, Pozuelo de Alarcón. Y si bien no se comparte en absoluto lo que ha hecho ahora Anonymous, porque no se puede ignorar que las personas afectadas ni sus familias aprobaron la Ley Mordaza que tanto hemos criticado, no lo es menos que debemos reprochar toda caza de brujas al respecto intentado ,por ejemplo, colgar a cualquier informático la culpa de cualquier delito tecnológico, por el mero hecho de tener conocimientos informáticos o una opinión contraria a la legislación vigente.

Hacer un simple "ping" o visitar determinadas páginas días antes de un teórico ataque, ya se está calificando como prueba de un delito (ojo, no indicio), y pronto será considerado clave en posibles ataques informáticos, como ya ha ocurrido, y nunca fue acreditado. Señor Fiscal, un poco de seriedad, que en España hay mucha gente muy (pero que muy) cualificada en materia de tecnología y comunicaciones, y no por ello son delincuentes, ni comparten acciones activistas que vulneran derechos fundamentales de las personas.. JML

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