Una de las grandes polémicas del final de año en lo que se refiere a lo que tiene que ver con los derechos de los ciudadanos en Internet fue protagonizada por la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que en el artículo 58 bis de su Disposición Final Tercera recogía la "recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales" y que "partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral".

A ello, que generó una gran revuelo mediático, se sumaba el hecho de que con los datos recogidos, se autorizara el envío de propaganda electoral por medios electrónicos, lo que daba pie al SPAM electoral personalizado como alternativa al clásico buzoneo, pero de una forma más dirigida y precisa según lo expresado en redes. Desde el primer momento, abogados especializados como Jorge García Herrero o Borja Adsuara sostuvieron que la nueva ley no era compatible con el RGPD europeo: ni se establecían las garantías adecuadas ni según la normativa europea existían ya las fuentes de acceso público.

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