Tramitar la baja de un operador de telecomunicaciones en nuestro país se convierte en una auténtica pesadilla en algunos casos. A pesar de que la normativa establece los puntos con claridad, en muchas ocasiones las compañías incurren en prácticas que rozan la ilegalidad. Los grandes perjudicados son siempre los mismos: los usuarios.

Tal es la situación del último caso denunciado por FACUA-Consumidores en Acción. Pedir la baja de un servicio de acceso a Internet móvil de hasta cuatro formas distintas durante casi un año no ha sido suficiente para evitar que un cliente de Movistar sea incluido en el registro de morosos por la compañía.

El cliente, en primer lugar, solicitó la baja en el servicio de atención telefónica de Movistar. El primer operador le denegó la baja por un "fallo informático", mientras que el segundo le colgó con la excusa de que "no le oía bien". A continuación pidió la baja por correo electrónico, en la web del operador, por fax y por correo certificado. El resutado: caso omiso. Además, el operador no sólo ha ignorado sus solicitudes, sino que le ha incluido en un registro de morosos por negarse a pagar las facturas que ha seguido emitiéndole por un valor de 87,90 euros.

La asociación en defensa de los usuarios ha denunciado a la compañía ante las autoridades de Protección de Datos, Consumo y Telecomunicaciones pidiendo una sanción por las irregularidades cometidas, ya que el hecho de que el afectado lleve más de 330 días esperando (desde el 10 de diciembre de 2009) la baja del servicio supone un agravante a una situación que la ley considera se debe procesar en el plazo máximo de dos días.

Las quejas de los consumidores contra los operadores se suelen centrar en situaciones como ésta, en la que los clientes están claramente desprotegidos. Pero no sólo la tramitación de las bajas motiva las críticas a un sector al que le llueven las reclamaciones por otras causas como el spam telefónico o la publicidad engañosa.

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