El anteproyecto de reforma Ley de Propiedad Intelectual (LPI) permitirá ir contra las webs de enlaces. Para ello otorgará más atribuciones a la Sección Segunda Comisión de Propiedad Intelectual, aquella que creó la ley Sinde-Wert para perseguir las vulneraciones de los derechos de autor por la vía administrativa. Tras la reforma, se podrá ir contra las páginas de enlaces a webs de descargas de contenidos sujetos a protección. El texto afirma que se podrán perseguir sitios cuya “principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización”. A renglón seguido, se incluye un inciso en el que se deja fuera de esa definición a buscadores como Google.Tras muchas idas y venidas, el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros para pasar a la siguiente fase: dictamen del Consejo de Estado, vuelta al Consejo de Ministros y negociación parlamentaria.

Esa persecución es la principal baza contra la piratería que contiene la reforma de la ley, aunque la lentitud demostrada en su primer año de funcionamiento por el órgano colegiado dependiente de la secretaría de Estado de Cultura, que solo ha resuelto 30 casos en doce meses de funcionamiento, no inspira demasiadas esperanzas.

También se establece un nuevo sistema de multas: cuando las páginas notificadas desoigan reiteradamente las peticiones de retirada de los contenidos denunciados se considerará infracción grave. Esto acarreará una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros.

La iniciativa ha sido defendida ante el gabinete de Mariano Rajoy por el ministro de Educación, Cultura y Deporte José Ignacio Wert. En realidad, se trata de una reforma puntual, que afecta a un puñado de artículos de la LPI (promulgada en 1987 y refundida en 1996) y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tras ese cambio, se dará categoría de norma a la supresión del canon digital y su sustitución por la “compensación por copia privada” con cargo a los presupuestos generales que ha hecho perder a las entidades de gestión como la SGAE 110 millones en su asignación para quedarse en cinco.

Otro punto fundamental de la reforma legislativa es que limita enormemente el concepto de copia privada, al aumentar el de copia licenciada (cualquier archivo descargado legalmente de la red, desde plataformas como iTunes se consideran dentro de esta categoría), y al trasponer la directiva de la Unión Europea que motivó la  sentencia Padawan. Esta declaró ilegal el canon digital aplicado indiscriminadamente a copias realizadas con fines empresariales o las hechas por las administraciones.

También se pretende “aumentar el control” sobre esas entidades y fortalecer “los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en Internet que permitan el impulso de la oferta legal en el entorno digital”.

Esas son las líneas generales que se han venido repitiendo desde finales del año pasado, cuando la tramitación se convirtió en el tema principal del sector de los afectados por el negocio de los derechos de autor: desde la industria discográfica a las entidades de gestión; desde las televisiones a los editores de diarios. Muchos se quejan de no haber sido consultados en la tramitación de la norma.

Las entidades de gestión pidieron la semana pasada a Wert,la paralización de este anteproyecto hasta que se formalice el grupo de trabajo que, aseguran, prometió durante la última reunión mantenida entre el titular y las entidades en enero. Desde la secretaría consideraban el jueves pasado —cuando la reforma parecía que iría al último Consejo de Ministros, aunque al final se quedara por el camino “por problemas de agenda”— que esas quejas parten de una consideración errónea: “Este es un anteproyecto y solo a partir de hacerse público [hoy] se pueden oír las alegaciones”.

En esa idea ha incidido al término del Consejo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ha anunciado la "apertura de un periodo de consultas".

Fuentes de la secretaría de Estado de Cultura calculan que la ley entrará en vigor a finales de año.

FUENTE :http://cultura.elpais.com/cultura/2013/03/22/actualidad/1363938555_684704.html