La propuesta busca garantizar la igualdad de condiciones de funcionamiento para empresas de Internet en Rusia y evitar el uso indiscriminado de la información personal de sus usuarios.

El presidente ruso Vladímir Putin ha dado su apoyo al desarrollo de una reforma que garantice a las compañías rusas de tecnología informática (IT, por sus siglas en inglés) unas condiciones que les permitan competir en el mercado frente a sus homónimas extranjeras. Igualmente, dicha reforma pretende regular el uso de los datos personales y la privacidad de los usuarios dentro de la Red, ha informado el portal oficial del Kremlin.

La medida obedece al reducido porcentaje de empresas extranjeras dentro del mercado ruso que pagan impuestos ya que no cuentan con filiales u oficinas en el país, lo cual les permite vender sus productos más baratos y hacer a las empresas nacionales menos atractivas. Por tal motivo, a finales del 2015 fue presentado a la Duma Estatal un proyecto de ley a fin de introducir una iniciativa fiscal –llamada 'impuesto a Google'– a las compras de 'software' y contenido multimedia a compañías de otros países por parte de usuarios rusos.

Los gestores de la medida proponen que firmas como Apple o Google adecuen puntos de pago de impuestos en el territorio ruso y presenten informes detallados de las ventas realizadas por sus ciudadanos, que serían identificados a traves de la dirección IP o del número de la tarjeta de crédito.

En relación al control sobre los datos de los usuarios rusos, el exministro de Telecomunicaciones Ígor Shchyogolev aseguró a Interfax que esta información se ha convertido en el "petróleo de la economía en Internet" y que al no garantizarse la privacidad del usuario, muchas veces se "ignoran y pisotean" sus derechos.

Por su parte, Natalya Kaspersky, CEO de la compañía de seguridad informática rusa Infowatch, considera "inaceptable" la enorme cantidad de información en manos de empresas privadas y el acceso a información de agencias de inteligencia y gobiernos extranjeros. Por ello, propone que "los datos personales sean declarados propiedad del Estado a fin de darle la posibilidad de regular su uso a través de la legislación".

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