La Inteligencia Nacional de EE.UU. ha hecho público tres documentos desclasificados, la orden que autorizaba la recogida de datos telefónicos –revelada ya por Edward Snowden- y las instrucciones del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional dijo en un comunicado que la desclasificación se realizó en aras de "una mayor transparencia".

Los documentos desclasificados incluyen los informes de 2009 y 2011 sobre "el Programa de recolección de datos" de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en ingles) bajo la Ley Patriota de EE.UU. y la orden del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de abril de 2013, que describe cómo se debería almacenar y acceder a los datos.

El Gobierno de EE.UU. ha decidido desclasificar y hacer pública más información sobre los polémicas programas de vigilancia de la NSA ante las filtraciones del excolaborador de la NSA, Edward Snowden. El presidente de EE.UU., Barack Obama, defendió esos programas, pero prometió mayor transparencia.

El director de la agencia, el general  Keith Alexander, celebró la decisión. "Creo que es algo correcto. Creo que ayudará a mostrar lo que estamos intentando hacer y por qué intentamos hacerlo", expresó Alexander a Reuters.

No obstante, según Associated Press, los documentos desclasificados no aportan claridad desde un punto de vista legal, ya que fueron editados de antemano y las actividades de los servicios secretos están descritas sólo en términos muy generales. Los detalles todavía no se han hecho públicos.

Paralelamente, los representantes de la NSA anunciaron que las revelaciones de Snowden no condujeron al despido ni al castigo de ninguna persona en la agencia, pero subrayaron que "todo el mundo está tratando de averiguar cómo pudo suceder". 

A primeros de junio Edward Snowden filtró a los medios internacionales miles de documentos sobre programas utilizados por Washington para vigilar las comunicaciones, no solo en EE.UU., sino también en otros países del mundo. También denunció la existencia de una orden judicial secreta que autoriza a los servicios de Inteligencia a intervenir las llamadas de los clientes de Verizon, la mayor operadora de telefonía móvil del país.     

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