Empresarios y empresas españolas intentan a diario que los medios de comunicación eliminen de sus hemerotecas referencias a sus problemas pasados con la Justicia o noticias negativas que manchan su reputación. Van desde ejecutivos de rango medio que se vieron implicados en casos de fraude fiscal a empresas que quieren borrar el rastro de adjudicaciones polémicas. Contratan a despachos de abogados o a compañías especializadas en el borrado de datos en Internet. Estas envían a los medios correos certificados con argumentaciones legales y, en ocasiones, con amenazas veladas, para intentar que borren los enlaces en los que se habla mal de sus clientes. Si no lo consiguen, presionan para que sustituyan el nombre por las iniciales, y así dificultar la búsqueda en Google; o para que directamente ordenen al buscador no incluir esa noticia.

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