Las últimas filtraciones facilitadas por WikiLeaks han revelado algunos los oscuros planes urdidos desde Estados Unidos y que el Gobierno de España se ha encargado de llevar a cabo. Entre ellos se encuentra el nuevo modelo, hecho ley, para actuar contra la piratería: la Ley Sinde.

La realidad vuelve a superar a la ficción. Aunque parezca un argumento de película, las presiones de la Embajada estadounidense hacia el Gobierno de nuestro país han sido tristemente reales. Tanto en política exterior como interior, la injerencia de las instituciones norteamericanas en el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha sido descubierta para horror y espanto de un buen número de ciudadanos, aunque lo cierto es que ha pasado desapercibida entre otro ingente número de ciudadanos, desinformados "gracias" a la labor de gran parte de los medios de comunicación.

Sin embargo, la sociedad cuenta a día de hoy con una poderosa alternativa que se escapa del control de gobiernos y determinados intereses... de momento. Hablamos de Internet, que parece vivir una realidad paralela a la que acontece en el "mundo exterior", más preocupado por los controladores aéreos, Mourinho o por las olas de frío que sacuden la Península en invierno. Y sólo desde la Red parece existir una conciencia que se revela ante uno de las estrategias "menos limpias" que se han conocido en los últimos años: la Ley Sinde.

Sin apenas repercusión mediática, WikiLeaks ha demostrado la intención de Estados Unidos y su todopoderosa industria cultural para censurar la libertad en la Red con fines meramente económicos. Envuelta en manipulación, mentiras, ataques a la libertad de expresión, un discurso criminalizador o amenazas la llamada Ley Sinde parece responder únicamente a las directrices llegadas desde Estados Unidos: cerrad páginas piratas.

El Gobierno no sólo ha respondido con un claro "a sus órdenes", sino que fielmente se ha plegado a estos intereses de forma legislativa. La Ley Sinde para cerrar determinadas páginas web ha quedado al descubierto como una orden planteada desde el país norteamericano y en apenas unos días será aprobada por la clase política española salvo sorpresa y sin vergüenza alguna.

Las mentiras utilizadas para justificar esta ley teledirigida por la industria cultural han quedado en evidencia. Los internautas siguen clamando para poner freno al menos a la polémica Disposición Final Segunda que elimina la figura judicial para llevar a cabo el cierre de páginas web. ¿Serán capaces los políticos de aprobar una ley basada en mentiras? El silencio mediático hará el resto, mientras la ministra González-Sinde se muestra orgullosa de "su" ley.

FUENTE :http://www.adslzone.net/article5053-eeuu-a-espana--hay-que-cerrar-las-paginas-piratas.html