Casi a la misma hora en que el secretario de Estado, John Kerry, admitía que, “en algunos casos”, el espionaje de Estados Unidos en el mundo puede haber ido “demasiado lejos”, el comité de Inteligencia del Senado aprobaba por once votos contra cuatro una ley que extiende y refuerza el programa de recolección de datos telefónicos en este país y en el exterior. La aparente contradicción es muestra de las dificultades y la improbabilidad de que la Administración de Barack Obama pueda cumplir efectivamente con la promesa de reducir la vigilancia de las comunicaciones.

Las propias declaraciones de Kerry, hechas por vídeo a una conferencia celebrada en Londres, reflejan el convencimiento por parte del Gobierno de que el espionaje norteamericano es eficaz e imprescindible. “Hemos conseguido impedir que se derriben aviones, que se vuelen edificios, que se asesine a personas, gracias a que hemos podido conocer con antelación esos planes”, dijo Kerry. “Les aseguro que no se ha abusado de ninguna persona inocente en ese proceso”, añadió.

Ahora bien, en ese esfuerzo por reunir información, “en algunos casos, se ha ido, inadecuadamente, demasiado lejos, y el presidente, nuestro presidente, está decidido a clarificarlo para la gente, y ahora se está produciendo un proceso de revisión para que nadie tenga sensación de abuso, para que estemos seguros de que no pasa en el futuro”.

Con el matiz de que Kerry es quien más sufre personalmente en Washington el daño causado por el espionaje a las relaciones diplomáticas de EE UU, estas palabras del secretario de Estado se entienden en el contexto de la línea de defensa planteada por Obama desde el inicio de este escándalo: no toda la información que la tecnología es capaz de reunir es, realmente, necesaria ni está justificada por razones de seguridad.

Bajo esa máxima, es previsible que el proceso de revisión en marcha concluya a finales de año con la recomendación de algunas limitaciones en el espionaje. La Casa Blanca ha dicho que no se sigue espiando ni se volverá a espiar el móvil de la canciller alemana, Angela Merkel, y es probable que esa misma decisión se extienda al menos a una parte de los otros 34 líderes internacionales cuyas comunicaciones son en alguna medida controladas, según los papeles de Edward Snowden.

Pero es dudoso que la consecuencia última de esta crisis sea la revisión a fondo de los actuales sistemas de vigilancia masiva, que una mayoría en la Administración, en el Congreso y en los servicios de inteligencia siguen considerando legales y eficaces.

“El programa de recolección de llamadas –conducido por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)- es legal y está sujeto a un extenso control judicial y parlamentario, y creo que contribuye a nuestra seguridad nacional”, dijo la presidenta del comité de Inteligencia del Senado, la demócrata Dianne Feinstein, al procederse a la votación el jueves por la noche de la Ley para la Mejora de FISA, el nombre de ese programa de almacenamiento de los números telefónicos y la duración de las llamadas, aunque no sistemáticamente su contenido.

Feinstein, la misma que el pasado lunes opinó en contra del espionaje a líderes de países aliados, manifestó que la nueva ley incluirá algunas medidas para hacer esta vigilancia más transparente y más garantías de que no se producen abusos. Aunque continúa la posibilidad de conservar los datos por un periodo de hasta cinco años, se requiere permiso del fiscal general para los que se quiera mantener después de tres años. Igualmente se exige que cada número telefónico que se considere sospechoso de acuerdo a la confrontación de datos hecho por la NSA, sea supervisado por un juez para corroborar que existen sospechas razonables de que puede estar vinculado a actividades terroristas.

Esta ley, que cuenta con amplias posibilidades de conseguir la aprobación del Congreso y ha sido criticada por organizaciones de derechos y libertades civiles, parece echar por tierra un esfuerzo simultáneo que dirigían en los últimos días otro grupo de senadores para eliminar por completo el programa FISA.

Ese debate en el Capitolio es ilustrativo de la gigantesca resistencia para una remodelación en profundidad de los sistemas de espionaje, empezando por la opinión pública, que se mantiene, por el momento, ajena a este polémica. El martes, cuando el director de la NSA, general Keith Alexander, compareció en la Cámara de Representantes para defender el trabajo de su agencia, mantuvo sin fisuras la necesidad de continuar con los procedimientos actuales y advirtió que, cualquier cosa en sentido contrario, supondría una amenaza a la seguridad nacional.

Preguntado en esa misma comparecencia el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, la máxima autoridad en el mundo del espionaje norteamericano, si no era necesaria una mayor transparencia en la que forma en que se actúa, contestó: “La inteligencia se conduce desde la premisa de que podemos hacerlo en secreto, y no contamos con que lo que hacemos aparezca en los periódicos”.

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