Quienes buscan en la red contenidos gratuitos a menudo se encuentran con un mensaje que indica que un archivo ha sido retirado por infringir los derechos de autor. Tras esos mensajes no se oculta la labor de un ejército de abogados sino, si hablamos de libros, los ordenadores de Attributor, una compañía con base en San Francisco. Una empresa «de servicios contra la piratería» contratada por los gigantes editoriales de todo mundo y cuya actividad europea dirige desde Barcelona el estadounidense Yuri Burka.

Las editoriales cuentan con departamentos dedicados a proteger la propiedad intelectual (y con ello los ingresos de los autores y una industria de la que en España dependen 80.000 puestos de trabajo) pero incluso para los grandes grupos (tanto editores medianos como Tusquets como Planeta y Random House trabajan con Attributor) la red es una jungla demasiado vasta.

 «Cada día rastreamos millones de páginas y detectamos dónde están alojados los archivos que contienen determinadas huellas digitales o algunos de los metadatos de los libros que nos facilitan los clientes, como título, autor, número de ISBN...», explica Burka. Hablamos de unos 250.000 libros bajo vigilancia, y de varios centenares de cyberlockers o sitios de almacenamiento que es sobre quienes actúa su empresa), a los que remiten los miles de páginas de enlace. La verificación humana precede a la reclamación de que se retire el material colgado sin permiso: algunos servicios de almacenamiento reciben de Attributor «hasta 10.000 requerimientos debidamente justificados al día», lo que hace que algunos, para ahorrar, hayan dado a la empresa las llaves para que borren directamente los archivos. Incluso Megaupload era diligente eliminando los contenidos denunciados. Nada que ver con The Pirate Bay, por ejemplo. Los grandes operadores trabajan en países, como EEUU, Alemania, Suiza o Holanda, donde la ley se cumple... tanto como se intenta burlar.

 LA PERSECUCIÓN / La labor de esta empresa tiene más de una similitud con la de un detective privado: buscar la información, acumular pruebas, comunicarlas al cliente y advertir al infractor. Y si no acepta, medidas de presión. El equivalente a una cita en un callejón oscuro para tener un par de palabras: requerir a los buscadores que oculten las páginas en sus búsquedas para reducirles el tráfico (Google atendió, solo en junio del 2012, 2,2 millones de quejsa de la industria del ocio y el software), advertir a los anunciantes (Google Ads en el 70% de los casos)...

 ¿La experiencia de Attributor confirma los tópicos de que España es un paraíso de la piratería y que cuesta varios cientos de millones de euros? «Tenemos información de la oferta, que es entre tres y cinco veces mayor que en otros países europeos, pero no del consumo. En cuanto a las pérdidas, nuestros cálculos son más conservadores, porque no toda descarga es una venta que se pierde. Pero aunque solo se trate de una fracción las cifras son bastante altas», señala Burka.

 Todo esto, ¿sirve para algo? «Es como un juego. Eliminas y lo suben, eliminas y lo suben. Y siempre encontrarán alternativas». De lo que se trata, dice Burka, es de «poner las cosas difíciles». «Muchos consumidores nunca pagarán. Y la inclinación es elegir la gratuidad si es más fácil y no te pasará nada. Pero muchos piratas ocasionales son potenciales compradores». Por ello es necesario que descargar ilícitamente sea un engorro. Y que la oferta legal esté accesible y a buen precio. Aunque esa ya es labor de autores, editores y libreros...

FUENTE :http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/detectives-e-books-2004201