Pablo S. N. ha resultado absuelto tras haber sido acusado de acceder, entre enero y febrero de 2006, a cuentas de correo y contraseñas de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Mientras la acusación pedía para él tres años y medio de cárcel, el juez entiende que no hubo voluntad de inferir en la intimidad de los afectados, ni de que se hayan destruido o alterado datos.

La sentencia remarca que si bien "la prueba permite declarar acreditado que el acusado pudo acceder a información sensible y pudo acceder a datos de carácter personal (...), no permite declarar acreditado que efectivamente accedió", tal y como exige el artículo 197.2 del código Penal.

Tampoco ve el juez un delito de daños (artículo 264.2 del código Penal), dado que "de la prueba practicada no resulta suficientemente acreditado que se hayan destruido, alterado, inutilizado o dañado datos, programas o documentos electrónicos".

En cualquier caso, la actividad de un simple 'hacking' que permita el mero acceso a un sistema informático es delito sólo desde diciembre del pasado año, con la última reforma del Código Penal y la redacción del artículo 197.3, recuerda el abogado de la defensa, Carlos Sánchez Almeida.

La Fiscalía le atribuía un delito de revelación de secretos y otro de daños causados al centro académico, que un informe pericial valoró en 25.000 euros, al obligar a los informáticos de la UPV a formatear y reinstalar todos los servidores.

Contratos reservados
Durante el juicio, el entonces director del área de Comunicación y Sistemas de la UPV, Carlos Enrique Palau, aseguró que Pablo también pudo acceder a contratos reservados de investigación del centro académico con el Ministerio de Defensa, además del resto de sus servidores.

Según el responsable de la seguridad informática del centro, Pablo causó un perjuicio "enorme" a la comunidad universitaria, ya que obligó a desconectar por las noches la posibilidad de entrar en la red de UPV desde el exterior de ésta, puesto que detectaron que los ataques provenían de un ordenador ajeno a la universidad "a horas intempestivas".

Esta situación, que se produjo en mitad del periodo de exámenes para los alumnos, impidió a los miembros de la red conectarse desde fuera de ella y obligó a tomar "la solución drástica pero efectiva", como la calificó la perito informática que también ha declarado, de formatear y reinstalar todos los servidores.

FUENTE :http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/30/navegante/1306770187.html

Exigimos 25.000€ por nuestra incompetencia para mantener la máxima seguridad en la red de la Universidad.

Lo que deberían haber hecho es callar como hacen las grandes compañías, ahora sabemos que tienes fotocopias de contratos con el Ministerio, tirados en la red tal cual.