El nuevo reglamento de protección de datos dejará varias víctimas por el camino: las empresas que, por un mal asesoramiento, se exponen a multas millonarias o a perder gran parte de su negocio

Miguel tiene una empresa dedicada al sector de la construcción. Hace unos seis meses, un abogado se presentó en sus instalaciones, que albergan a sus cerca de 250 empleados en un polígono industrial de los alrededores de Madrid, para hablarle de un tal GDPR (el nuevo reglamento de protección de datos instaurado por la UE) y ofrecerle sus servicios para que la empresa estuviese dentro de la ley. Miguel no sabía qué era el GDPR ni si le afectaba, así que llamó a la Cámara de Comercio de Madrid, donde le confirmaron que sí, que por las características de la empresa sí debía adaptarse a dicha normativa.

Así que Miguel contrató al abogado en cuestión. No fue poco dinero, 4.300 euros, pero teniendo en cuenta las posibles multas a las que se arriesgaba si incumplía el GDPR (hasta 20 millones de euros o el 4% de su facturación anual), entendió que le compensaba. Lo que Miguel no sabía es que la semana pasada, en pleno revuelo por la normativa europea, descubriría que el trabajo que le había hecho el abogado no servía absolutamente de nada. Se había gastado 4.300 euros en vano.

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