El Tribunal de Cuentas, donde casi un centenar de sus 700 empleados son familiares y allegados de altos cargos y de representantes sindicales del organismo, necesita adaptarse a las nuevas tecnologías informáticas. Pero con el personal de que dispone no puede. Un informe del subdirector jefe del servicio central de informática de la Administración del Estado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, revela que el 80% de la plantilla de informáticos del Tribunal de Cuentas (60 trabajadores) carece de conocimientos y titulación para afrontar las necesidades del servicio.
Este tribunal es el organismo encargado de fiscalizar a los partidos políticos y al sector público. En los últimos años se le ha cuestionado por su ceguera en casos como el de Bárcenas —que durante 20 años dispuso de una caja b en el PP nutrida con donaciones ilegales—, y porque tarda hasta cinco años en emitir sus informes sobre cómo gastan las administraciones el dinero de las arcas públicas y cómo gestionan los partidos políticos las subvenciones.
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