Expertos en internet y juristas consultados por este diario consideran que no es necesaria ninguna reforma legislativa como la que pretende el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para penalizar los insultos, injurias y amenazas como las que se pudieron leer en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, dirigente del PP.

Los especialistas coinciden en que el Código Penal actual ya regula los delitos de injurias, calumnias o incitación al odio, y que las redes sociales únicamente son el soporte utilizado para cometerlo. También critican que se pretenda legislar «a golpe de titulares». Eso sí, solo cuando conviene al que manda. Y es que en la red se han podido leer insultos muy graves contra otras personas públicas, como Pilar Manjón, presidenta de una asociación de víctimas del 11-M, o políticos de otras tendencias sin que hasta ahora el ministro del Interior se haya declarado preocupado por ello.

El abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universitat de Girona Pere Simón juzga imposible controlar los comentarios en las redes sociales, pero apunta que la tecnología permite el seguimiento de estos mensajes y «ofrecer la respuesta penal adecuada». Los delitos que se pueden cometer al proferir determinadas expresiones «han existido siempre» y la única diferencia es el canal utilizado. «No hacen falta matices. Todo está regulado y los delitos se pueden perseguir igual en la red que en otros soportes», explica. Tampoco, en su opinión, tendrían que endurecerse las penas cuando el delito de injurias (expresiones graves que lesionan la dignidad de la persona) o calumnias (la imputación de un delito no cometido) se haya realizado por internet. «Es terrible que se quiera legislar a golpe de titulares», lamenta.

Declaración en caliente

En la misma línea incide Enrique San Juan, profesor y consultor de redes sociales en Barcelona, que considera que estos arrebatos de querer controlar Twitter «están en la línea dura del orden de derechas y de querer coartar la libertad de expresión en todos los ámbitos». San Juan asegura que, aunque no comparte la expresión ni las formas, «estos tuits revelan un estado de opinión y de hastío que muestran un sentimiento de rabia e injusticia ante lo que está sucediendo en España». «Antes la gente adoptaba un papel más pasivo, ahora las nuevas tecnologías permiten un papel reactivo que a veces deriva en una expresión muy en caliente».

Los abogados Emilio Zegrí y Blanca de Olivar también lo tienen claro: no hace falta una reforma penal. «No es necesaria. Introducir más delitos en el Código Penal es peligroso. Hay una figura en derecho que se llama salto adelante. Es decir, es más fácil para el político sancionar determinadas conductas que hacer cosas positivas para que estas acciones no se repitan», dicen. «Es una manera de maquillar lo que puede ser un conflicto», afirman.

«La gente hace cosas que no sabe que es delito. Pero la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento», agregan. Los dos abogados advierten, eso sí, de que «esta forma de legislar puede incidir en un recorte de las libertades. Es muy peligroso. Hay una tendencia a penalizar mucho al ciudadano, como pasa, por ejemplo, con el proyecto de ley de seguridad ciudadana», subrayan.

"Hay que educar"

«En internet más que regular, hay que educar, porque la gente se desmelena. No puedes decir en Twitter lo que no dirías en voz alta en un bar. Querer ponerse a regularlo es de patio de colegio», afirma Neus Arqués, analista digital y cofundadora de la agencia Manfata. «Los políticos tienen que considerar las redes sociales como lo hacen con un mitin. Y siempre ha habido revientamítines».

El consultor en redes sociales Genís Roca también considera «lamentable» la propuesta de Fernández Díaz y se pregunta por qué no se extiende el mismo control a tertulias en radios y televisiones. «No entiendo la vigilancia proactiva. Esto es satanizar el canal digital y social».

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