En 2011 no fue posible, pero en 2018 sí. Tres de los cuatro principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, PP, PSOE y Ciudadanos, han acordado la eliminación de la figura del juez en el proceso de cierre de una página web. Concretamente, no será necesaria una autorización judicial para cerrar sitios que incumplan reiteradamente la Ley de Propiedad Intelectual.

Así lo ha aprobado la Comisión de Cultura del parlamento español en la ponencia parlamentaria para la reforma de la también conocida como ley Sinde o ley Sinde-Wert. Un primer paso para su puesta en marcha siempre y cuando reciba el visto bueno del pleno del Congreso y la aprobación por parte del Senado, dos trámites que se dan por hechos teniendo en cuenta el amplio acuerdo político previo.

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