La ley, aprobada en el Senado esta semana, permite a la Policía instalar troyanos e interceptar comunicaciones para investigar "delitos informáticos". Delitos que ni la propia ley llega a definirr
Internet ha sufrido un nuevo golpe en España esta semana: el Senado ha aprobado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una ley que, entre otras cosas, da vía libre a la Policía para instalar troyanos en los ordenadores de presuntos delicuentes o exigir a las compañías tecnológicas que entreguen los datos de sus usuarios. La ley aún tiene que pasar por el Congreso (lo hará este mes) y, salvo sorpresa de última hora, entrará en vigor justo antes de las elecciones. Todo atado. ¿El problema? La gran mayoría de juristas coindice en una cosa: esta ley es una grave restricción (otra más) de las libertades en internet de usuarios y empresas.
El objetivo global de la Ley de Enjuiciamiento Criminal va mucho más allá de internet. La reforma básicamente impone a los jueces plazos de instrucción y modifica el término de "imputado". Sin embargo, el texto incluye varios artículos muy polémicos sobre delitos tecnológicos que han hecho saltar a la mayoría de abogados especializados en tecnología .
Sergio Carrasco es uno de ellos. "La ley es excesivamente amplia. Da libertad a la policía para instalar troyanos en los ordenadores de sospechosos en casos de delitos informáticos, pero no los delimita ni establece la gravedad de los mismos. El juez será quien tendrá que interpretar esa gravedad, y muchos no están preparados para ello".
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