El Congreso de Brasil votará en los próximos días la ley presentada por el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff que obliga a la creación de centros de datos nacionales de Internet. El proyecto ha sido impugnado por 45 instituciones de tecnología y comercio nacionales y extranjeras, que en un documento han detallado los problemas que podría acarrear la medida.

Entre los firmantes del documento, publicado por la revista Veja, figura la United States Council for International Business y la Informational Technology Industry Council, que representan a gigantes de la informática como Amazon, Apple, Google y Facebook.

La ley es resultado del escándalo del espionaje llevado a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) con ciudadanos, empresas y dirigentes del Gobierno de Brasil, incluido el correo electrónico personal de la presidenta, lo que motivó que Rousseff renunciara a su viaje de Estado a Washington programado para el 23 de octubre.

El proyecto de ley obliga a que “el almacenamiento de datos de personas físicas o jurídicas brasileñas por parte de los proveedores de aplicaciones de Internet que ejercen esa actividad de forma organizada, profesional y con finalidades económicas en el país se lleve a cabo en el territorio nacional, salvo los casos previstos en la reglamentación”.

En otro párrafo de la ley se explica que “quedan incluidos los registros de acceso a las aplicaciones de Internet, así como al contenido de las comunicaciones en los que por lo menos uno de los partícipes esté en territorio brasileño”.

El documento firmado por las 45 instituciones y entregado al diputado del Partido de los Trabajadores (PT), Alessandro Molon, relator del proyecto de ley, advierte que dicha medida podrá “tener efectos colaterales” como la reducción de seguridad relativa a los datos del usuario, el aumento del coste de los servicios y la pérdida de competitividad de las empresas, así como el perjuicio a los consumidores.

El director del Instituto de Tecnología y Sociedad de Río de Janeiro, Ronaldo Lemos, en una entrevista a Veja, advirtió que la obligatoriedad de colocar los datos en centros de datos nacionales “hará huir a las empresas del país” que “recelarán de ofrecer servicios a usuarios brasileños por miedo a que, en el futuro, se vean obligadas a montar un centro de datos”.

Según las 45 instituciones, “la seguridad de los datos no está relacionada con su lugar de almacenaje sino más bien con la forma en la que serán mantenidos y protegidos”. Eso confirma lo que ya habían apuntado algunos especialistas sobre que la obligatoriedad de crear centros de datos nacionales “no ayudará a combatir el espionaje”.

En los círculos de gobierno no ha sido comentado el documento contra el proyecto de ley. Todo hace prever que la norma será aprobada, ya que la presidenta ha basado en ella su respuesta a la polémica abierta con el Gobierno de Washington.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/24/actualidad/1382641512_994722.html