Las ayudas requieren un presupuesto mínimo de 100.000 euros

El despliegue de la banda ancha en España sigue a buena velocidad. Pero el nuevo plan de ayudas públicas destinado a ello, que reparte 150 millones de euros entre los operadores de telecomunicaciones, no ha gustado a todos por igual. La novedad de este año es que las empresas interesadas en esos fondos deben presentar proyectos con un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Los operadores locales denuncian que el requisito dejará excluidos a la mayoría de ellos, porque suelen trabajar en proyectos de presupuesto inferior y ámbito geográfico limitado. En su opinión, el plazo de la convocatoria, abierta el 15 de abril y activa hasta el 27 de mayo, no les da margen para presentar ofertas conjuntamente. Los principales afectados, mantienen, serán los habitantes de las zonas rurales, porque muchas no despiertan el interés de las grandes compañías. El Gobierno considera el nuevo criterio “imprescindible” para garantizar la efectividad de las ayudas.

Antonio García Vidal, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones (AOTEC), entidad que representa a las pymes del sector, asegura que en 2018 fue de operadores locales el 45 % de los 185 proyectos que obtuvieron ayudas públicas por el mismo plan, llamado Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación (PEBA). “Solamente un 20 % de los proyectos de operadores locales tenía más de 100.000 euros de presupuesto”, afirma. Según añade, para las pequeñas empresas este año será aún más difícil proponer ofertas para municipios de tamaño suficiente como para necesitar esa inversión, porque la mayoría ya tienen acceso a redes.

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