La Unión Europea, respondiendo a la preocupación sobre la excesiva intromisión estatal, se está replanteando cómo registrar las llamadas telefónicas de los ciudadanos y los datos de uso de Internet por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde los atentados islamistas en Madrid en 2004 y Londres en 2005, la UE ha exigido a las compañías de telecomunicaciones de los 27 países miembros que registren el emisor, receptor, tiempo y lugar de cualquier llamada telefónica o correo electrónico.

Esta práctica ha sido criticada por los defensores de la privacidad al considerar que se extralimita.

La comisaria de Interior de la UE, Cecilia Malmstrom, ha dicho que la ley no garantiza por sí misma el derecho a la privacidad de los ciudadanos, y que las interpretaciones de los estados miembros han variado.

"La retención de datos ha demostrado ser útil en las investigaciones criminales, pero es necesario para mejorar el diseño de la directiva que respete más la seguridad y privacidad de nuestros ciudadanos", dijo Malmstrom en unas declaraciones preparadas para los periodistas.

La Comisión Europea planea presentar enmiendas más adelante, tras consultar con los estados miembros, legisladores, la industria y la sociedad civil.

Las normas de retención de datos han otorgado a las fuerzas de la ley europeas un amplio acceso a los registros telefónicos y de correo electrónico que las autoridades dicen que ha ayudado a desarticular una red de tráfico de heroína de más de 40 millones de euros en Reino Unido en 2009.

Pero la ley europea, que exige a las compañías de telecomunicaciones que conserven los registros durante al menos seis meses y hasta dos años, y se los facilite a la policía si se lo solicita, ha entrado en conflicto con la preocupación por la privacidad.

El Supervisor de Protección de Datos de Europa, Peter Hustinx, ha definido la ley como "sin duda el instrumento más invasivo para la privacidad jamás adoptado por la UE", y la ha calificado de "interferencia sustancial" para los derechos de privacidad.

Las compañías de telecomunicaciones más pequeñas también se han quejado del coste de registrar los datos. Algunos estados miembros reembolsan el coste a los operadores, mientras que otros no lo hacen.

A pesar de las deficiencias de la ley, Malmstrom aseguró que los estados miembros que no la han incorporado a sus leyes nacionales se enfrentan a acciones legales y multas elevadas, incluso aunque la UE planee cambiar las normas.

"No puede haber excepciones en este caso", dijo a los periodistas. "Hay que cumplir la ley".

FUENTE :http://www.iblnews.com/story/61656