La normativa europea que obliga a los operadores a conservar determinados datos sobre las llamadas que realizan sus clientes durante un mínimo de dos años podría quedar anulada. Así lo indica el primer paso dado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Una consulta prejudicial cursada por tribunales irlandeses y austriacos ante el Abogado General del TJUE podría servir para acabar con la citada obligación. Recordemos que a raíz de los atentados de Londres en 2005, Reino Unido encabezó las presiones para que la Unión Europea estableciese una norma que obligase a las compañías de telecomunicaciones a retener datos de las comunicaciones de sus usuarios.

La postura de los operadores siempre fue contraria a esta medida ya que han argumentado que el hecho de almacenar estos datos durante dicho periodo les supone un elevado coste. Aclarar en este punto que nos referimos a los llamados "metadatos" (aquellos que supuestamente recopiló la NSA estadounidense), no al contenido en sí de las conversaciones. En concreto se trata de informaciones puntuales como las horas a las que se realizan llamada, sus destinatarios o su duración.

La respuesta del Abogado del TJUE Pedro Cruz Villalón viene a confirmar que la directiva es "incompatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea", por lo que recomienda al tribunal que la suprima. En su opinión, la explotación de estos datos "permite establecer el comportamiento de una persona y hasta un retrato completo y preciso de su identidad privada", por lo que choca con los derechos de los ciudadanos europeos.

A su vez, critica el "desproporcionado" plazo mínimo de dos años para retener los datos ya la "indefinición" de la normativa, ya que no precisa los casos y las condiciones exactas en las que se pueden retener datos. No obstante, propone al TJUE que no anule de forma inmediata la norma y le sugiere su aplicación "por un periodo razonable" hasta que desde la Unión Europea se cree otra directiva más concisa.

Cabe recordar que el tribunal suele aceptar en un porcentaje de alrededor del 80% las recomendaciones que se fijan desde la Abogacía General, por lo que es muy probable que la norma acabe anulada en pos de proteger el derecho a la intimidad de los usuarios de telefonía.

Fuente: CincoDías.com

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