El Gobierno ha impulsado una ofensiva legal contra los mensajes de Twitter que según ellos incitan al odio y la violencia, tras los insultos a la política asesinada Isabel Carrasco y los mensajes antisemitas vertidos contra el equipo israelí del Maccabi.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, avanzó que su departamento y el de Justicia van a "poner coto" a ciertas expresiones en las redes sociales y estudiar instrumentos legales "adicionales" para perseguir a sus autores.

El político dejó claro en todo momento que quienes establecen los límites de lo que es delito son las autoridades judiciales, pero también consideró que es necesario combatir ciertas actitudes que, a su juicio, deben tener un "reproche penal".

Para ello, solicitó el apoyo y asesoría a la fiscalía, pero los problemas jurídicos y lagunas legales a los que se enfrenta son muchos.

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