El acuerdo internacional contra la piratería que la Unión Europea se disponía a adoptar de inmediato tendrá que esperar al menos un año. El Parlamento Europeo no se fía de que el texto respete suficientemente los derechos de los ciudadanos y ha decidido remitirlo a la justicia europea para que se pronuncie. Los diputados aseguran compartir el fondo de ese acuerdo comercial, destinado a proteger la propiedad intelectual en campos tan diversos como la cultura o la medicina, pero recelan de las consecuencias que comporta su aplicación. “El 50% del debate se basa en rumores y malentendidos”, alega Christofer Fjellner, el diputado corresponsable de este asunto en Bruselas.

Tan solo dos días después de recibir casi 2,5 millones de firmas de ciudadanos europeos contrarios al acuerdo (ACTA, por sus siglas en inglés), la Cámara comunitaria arrancó ayer por la tarde el debate que concluirá con un freno en seco a estas medidas hasta que el Tribunal Europeo de Justicia dé su veredicto. Antes que el Parlamento, la Comisión ya había expresado al tribunal sus dudas sobre los detalles de ACTA, pero el hecho de que los diputados se sumen ahora a este proceso –probablemente en un expediente separado- supone la congelación de esas medidas durante un largo periodo de tiempo. “No viene mal aprovechar ese tiempo para debatir; ha habido mucha falta de transparencia en la negociación del acuerdo”, argumenta el diputado sueco, del Partido Popular Europeo.
Los responsables de este procedimiento en la Eurocámara han insistido hoy en el recurso al tribunal europeo como la mejor opción. El ponente David Martin ha pedido esta mañana a sus colegas parlamentarios que respalden esa medida porque “a ACTA le faltan detalles". La votación oficial no se producirá al menos hasta el pleno del 12 de marzo, pero los integrantes de la comisión parlamentaria de comercio internacional, en la que se debate el acuerdo antipiratería, están convencidos de que prevalecerá su criterio y que el caso acabará en manos de la justicia comunitaria.

En cualquier caso, las dudas de la Comisión no le impiden respaldar plenamente esta iniciativa internacional. El comisario de Comercio, Karel de Gucht, abrió ayer el debate en el Parlamento con una encendida defensa de su contenido. “Leyendo algunas objeciones da la sensación de que ACTA suponga el fin de la democracia. Pero no es verdad. Es parte de la solución. La creación y la innovación son algo muy valioso que tenemos que proteger”, argumentó el comisario, que aprovechó para pedir a los diputados que respalden el texto.

Este tratado, destinado a reforzar la protección de la propiedad intelectual, lo suscribieron Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea del Sur en octubre de 2011. En enero de este año se sumó la Unión Europea, aunque la adhesión estaba supeditada a que se ratificara en el Parlamento. Si este rechaza la iniciativa una vez reciba la respuesta de la justicia comunitaria, Europa quedará definitivamente fuera del proyecto. Si a pesar de ello un mínimo de seis países decidiera adoptarlo, sería válido para ellos, pero no bajo el paraguas comunitario.

Las principales dudas se centran en que el acuerdo responsabiliza a los proveedores de Internet de los contenidos diseminados en la red, lo que abre la puerta, aseguran sus detractores, a una especie de censura digital. También inquietan las mayores atribuciones que se otorgan a los Estados para que persigan más duramente la puesta en común en la red de contenidos de música y vídeo.

Las sospechas se han extendido también al mercado de los medicamentos genéricos. Los críticos aseguran que, al proteger las patentes, esos productos sufrirán restricciones. “El acuerdo no va de eso, pero no está claro cómo interpretar estos casos con la redacción actual”, aclaró el martes el ponente de este dossier, el británico David Martin. El diputado socialdemócrata añade que está a favor de preservar la propiedad intelectual porque “Europa ya no puede competir con salarios bajos, sino con creatividad”. Según las cifras aportadas por el comisario De Gucht, la falsificación y la piratería mueven unos 200.000 millones de euros al año.

Uno de los que más dudas manifiesta es el español Raül Romeva. “Hay demasiada ambigüedad en torno al texto”, asegura el diputado, integrado en el grupo europeo de Los Verdes. Por este motivo es partidario, al igual que la mayoría de la Cámara, de aguardar a la respuesta de la justicia. El debate continuará hoy y la decisión se adoptará formalmente en los próximos días.

Por otra parte, la entrada en vigor hoy en España de la controvertida ley Sinde, la norma que busca frenar la descarga sin autorización de contenidos protegidos por derechos de autor, desencadenó una cascada de reacciones. El cineasta Álex de la Iglesia ha afirmado que la ley “no conseguirá acabar con la piratería”. El productor Enrique Cerezo señaló que se trata de "un paso importante, pero no definitivo". "A partir de ahora, ya no vale todo", ha indicado por su parte Pedro Pérez, presidente de la Federación de Productores, Pedro Pérez. El toque más crítico ha venido de la Asociación de Internautas; su presidente, Víctor Domingo, ha señalado que la norma “pone en una inseguridad jurídica al conjunto de las páginas web. No sólo las páginas de descargas".

FUENTE :http://cultura.elpais.com/cultura/2012/03/01/actualidad/1330621920_258900.html