Artículo 197.3. El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años.


 Congreso de los Diputados, Proyecto de Reforma del Código Penal aprobado en votación plenaria celebrada el día 29 de abril de 2010.

Carlos Sánchez Almeida

Desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995, las intrusiones informáticas solamente eran delictivas en aquellos casos que podían afectar a la privacidad o al patrimonio ajeno. Para que una conducta de hacking fuese punible, dicha conducta debía perpetrarse con intención de descubrir secretos o vulnerar la intimidad, debiendo consistir en la interceptación o apoderamiento de mensajes de correo electrónico o datos de carácter personal o familiar de otros.

 Dichas conductas están reguladas en un Capítulo del Código Penal rubricado como “Del descubrimiento y revelación de secretos”, dentro del Título X “Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio”, lo que evidencia que el bien jurídico protegido no es otro que la intimidad: aquellas conductas que no afectasen a la intimidad, no constituían delito.

 El pasado 29 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el engendro jurídico con el que encabezo este artículo: una nueva redacción del artículo 197.3 del Código donde se criminalizan conductas que no afectan en absoluto al derecho a la intimidad. Para cometer el delito, no es necesario que el presunto intruso acceda a datos íntimos: de entrar en vigor el texto aprobado por el Congreso, quedará criminalizada la simple investigación de seguridad informática.

 No se ha llegado a esta situación por casualidad. Durante muchos años, los mismos medios de comunicación que pretenden blindar su cuota de mercado denigrando sistemáticamente Internet, han criminalizado mediáticamente la figura del hacker, hasta el punto de despojarla en el imaginario colectivo de su significado original. Pero hay beneficiarios más directos de la reforma.

 El primero de ellos, curiosamente, es un partido político que se ha abstenido en la votación del Proyecto de Ley. Un partido político que ya en el año 2001, coincidiendo con la tramitación de la infausta Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) recibió alguna que otra visita informática, llevada a cabo con la mayor educación: el presunto hacker dejaba nombre, apellidos y DNI, informando al administrador del sistema de los defectos que había que arreglar. Más recientemente, el mismo partido ha sido objeto de nuevas bromas informáticas, jaleadas con fervor por militantes del partido presuntamente rival.

 Y digo presuntamente, porque la presunta alternancia bipartidista es un timo: los dos partidos mayoritarios legislan siempre en beneficio de los mismos intereses económicos. Las diferencias, de color o sabor, son meramente cosméticas: en lo que se refiere a la defensa del status quo, al mantenimiento de una rígida estructura de poder que blinde los privilegios de unos pocos, los españoles llevan veintiocho años gobernados por el mismo partido.

 La reforma penal del año 2003, perpetrada por el Partido Popular, entró en vigor cuando ya gobernaba el Partido Socialista, un partido que votó en contra de aquella reforma, pero que sin embargo no movió un dedo para impedir que entrase en vigor. Ahora la endurece todavía más, manteniendo intacta la criminalización de herramientas informáticas aprobada en el año 2003.

 Con la criminalización definitiva del hacktivismo, determinados poderes económicos, reiteradamente beneficiados legislativamente por uno y otro partido, podrán dormir tranquilos. No así los ciudadanos, que pueden verse procesados por algo tan nimio como hacer click con el ratón en un hiperenlace que inyecte código SQL.

 Quedan pocos meses para que entre en vigor la reforma, que espero que los verdaderos hackers sepan aprovechar en pro de la libertad y la seguridad informática. Lo que todavía no es delito, sigue siendo un derecho, y en determinadas ocasiones, hasta un deber cívico.

FUENTE :http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/jaqueperpertuo/2010/05/03/la-criminalizacion-del-hacktivismo.html