La Administración Obama defiende que la información sobre el uso que hacen los ciudadanos de Internet es útil para el funcionamiento del Gobierno federal e incluso puede llegar a salvar vidas. Sin embargo, según su informe sobre ‘big data’ presentado este jueves en la Casa Blanca, Estados Unidos necesita aprobar nuevas regulaciones que ayuden a proteger a los usuarios de las grandes compañías y de las autoridades que recaban esos datos.

“Después de estudiar el poder de la recabación de datos en Internet, debemos vigilar las decisiones que se toman de manera automática y con qué criterios se realizan”, explicó el asesor del presidente, John Podesta, encargado de la elaboración del informe. Podesta aseguró que el almacenamiento de datos “preocupa” y despierta muchas dudas sobre “cómo debemos proteger nuestra privacidad y nuestros valores”.

Los responsables del Departamento de Comercio y Energía ha trabajado en los últimos meses con la Casa Blanca, líderes del sector empresarial y varias organizaciones de derechos civiles, para elaborar el estudio sobre el impacto de los avances tecnológicos en la seguridad del país y la privacidad de los ciudadanos. Sus conclusiones alertan de que las compañías, gracias a la cantidad de datos disponibles, podrían discriminar en contra de grupos de consumidores.

La Administración Obama recomienda la aprobación de una enmienda a la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, que regula el acceso del Gobierno federal al correo electrónico. En su informe, de 85 páginas, también aboga por la creación de una Declaración de Derechos de la Privacidad del Consumidor que establezca unos estándares claros para que los ciudadanos sepan qué datos se están recabando, quién tiene acceso a ellos y durante cuánto tiempo. Esta medida impulsaría la creación de nuevos equipos de técnicos y expertos que amplíen el trabajo del Gobierno federal en la vigilancia de actividades empresariales que puedan violar la privacidad de los ciudadanos.

Obama propuso esta Declaración de Derechos en la Red en 2012, pero las revelaciones del exanalista de la CIA Edward Snowden, el consiguiente escándalo de la Agencia Nacional de Seguridad y el espionaje masivo, así como las tensiones entre demócratas y republicanos en el Congreso, impidieron que saliera adelante. Tras la crisis provocada por las filtraciones, el presidente encargó el pasado mes de enero una investigación sobre el avance de estas tecnologías, cuyos resultados fueron presentados este jueves.

La Casa Blanca aboga por la aprobación de una ley federal que obligue además a las empresas a revelar aquellas ocasiones en las que sus sistemas de seguridad han sido violados, poniendo en peligro la confidencialidad de los datos cedidos por los usuarios. Mientras que la tecnología ha permitido a las compañías de Internet conocer cada vez con más detalle cada paso que dan los usuarios al efectuar una compra, actualizar un calendario o elegir el destino de un viaje, las leyes se han quedado atrás y Obama propone remediarlo con una regulación federal.

Las nuevas normas extenderían además el derecho a la privacidad en Internet a los ciudadanos no estadounidenses, ampliando las protecciones de la Ley de Privacidad de 1974 “allí donde se pueda aplicar, o estableciendo alternativas necesarias para proteger la información personal independientemente de la nacionalidad del usuario”.

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