Conocer quién posee los medios de comunicación, qué conexiones con el Estado tienen los miembros de los consejos de administración de los grandes grupos mediáticos, saber si han firmado contratos con las administraciones públicas y dónde se encuentran el resto de sus intereses económicos. Son aspectos fundamentales para que los ciudadanos evalúen la credibilidad de un medio y para que los poderes públicos aseguren la pluralidad de la esfera informativa pero que, pese a ello, permanecen ocultos para los europeos.

Periodistas, sindicatos, activistas, editores y organizaciones que velan por la libertad de prensa han pedido este martes en Madrid un marco legal que haga esta información transparente para los ciudadanos. Argumentan que el derecho a acceder a estos datos es intrínseco al derecho a la información: en España, por ejemplo, cuatro consejos de administración controlan el 80% de las audiencias de televisión y radio, pero es prácticamente imposible para los ciudadanos rastrear qué conexiones con lo público tienen sus miembros.

"Estos grandes grupos mediáticos afirman que poseen muy pocos medios de comunicación, lo cual es cierto en comparación con el total, pero falso en cuanto a su influencia política", ha denunciado Lutz Kinkel, director del Centro europeo para el pluralismo informativo y la libertad de prensa (ECPMF, por sus siglas en inglés), organizador del evento Newsocracy junto a la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).

Saber cómo se distribuye la publicidad institucional (el dinero público que ayuda a financiar los medios de comunicación) es otro de los factores clave para lograr una transparencia efectiva de los grupos mediáticos. "Ahora no sabemos qué dinero público acaba en qué medio de comunicación", ha denunciado Arsenio Escolar, presidente de la Asociación Española de Editores de Publicaciones Periódicas, en la que no participan los grandes conglomerados mediáticos.

Esta opacidad no es casual. "El único punto en el no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas de Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación", ha revelado Mar Díaz Varela, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Escolar, que ha dirigido varios diarios entre los que destaca 20 Minutos, ha pedido que no solo la publicidad del Estado sea transparente, sino que lo sea todo el dinero del que se surten los medios.

Hackeando la opacidad de los grupos mediáticos

La propiedad cruzada de los medios de comunicación es uno de los grandes problemas para la pluralidad informativa a nivel europeo. Según el Media Pluralism Monitor, informe impulsado por el ECPMF, España está entre los países calificados de "alto riesgo" en este área. No obstante, entre los 30 países analizados no hay ninguno que baje de "riesgo medio" si se analiza su pluralidad informativa bajo este baremo: dos tercios de los estados europeos tienen el 80% de la propiedad de sus medios concentrada en menos de cuatro grupos. Son datos que ha ofrecido la PDLI tras un análisis exhaustivo del mercado informativo del Viejo Continente, puesto que esta información no es pública.

En las últimas fechas se han presentado herramientas digitales impulsadas por grupos ciudadanos que buscan combatir este problema. Kaos155 (una referencia al 15-M y no al artículo constitucional que ha capado el poder institucional de la autonomía catalana, aseguran sus desarrolladores) ha sido diseñada en el contexto del hacklab de La Ingobernable, un centro social autogestionado de la capital. Se trata de un buscador capaz de dibujar un diagrama de relaciones entre las empresas contratistas del Estado. Su código se liberó en octubre de 2017.

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