Hace tres meses, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decidió anular el pacto Safe Harbor; un acuerdo que había sido firmado 15 años atrás y que permitía a los Estados Unidos acceder a datos personales de ciudadanos europeos sin necesidad de una aprobación específica previa. Sin embargo y pasado todo este tiempo, todavía no se ha establecido uno nuevo. ¿La razón? Que la UE pide determinadas garantías.

Así, Bruselas no solo reclama la existencia de “un control judicial efectivo en el acceso a los datos” por parte de estas autoridades públicas; sin también una mayor transparencia respecto a las limitaciones que estas tienen para disponer y recopilar información de personas que se encuentren en el marco de la comunidad. Unas exigencias que han provocado el estancamiento de las negociaciones entre ambos y cuya solución se hará de rogar. Pero, ¿por qué? Analicemos la situación.

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