En mayo de 2015, un grupo de investigadores del departamento de Hacienda del Gobierno de Quebec pasaron la mayor parte de un jueves registrando las oficinas de Uber en Montreal cumpliendo el mandato de dos órdenes de registro. "Tenemos razones para creer que la ley fiscal fiscal se ha roto. Por eso, hoy buscamos obtener más pruebas", comentó entonces un portavoz.

Los responsables de la sede canadiense, al igual que los responsables de las oficinas de Uber en el mundo, sabían lo que tenían que hacer según revela hoy una información de Bloomberg. Estaban aleccionados para llamar a un número de teléfono que ponía en alerta a un personal "especialmente entrenado" de la sede de la compañía en San Francisco. Estos empleados, tras recibir la comunicación, desconectaron rápidamente y de forma remota todos los ordenadores de la oficina de Montreal. "Los investigadores se fueron sin pruebas", recalca el medio.

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