La regulación europea de protección de datos, que entró en vigor en España el pasado 25 de mayo de 2016 y que será de obligado cumplimiento, tal y como especifica el reglamento europeo, a partir del 25 de mayo de 2018 establece la implantación de nuevas medidas de seguridad para las empresas europeas, los autónomos y la Administración pública.
Estas medidas incluyen la obligación de implantar cifrado y sistemas de doble factor de autenticación incluso sobre datos considerados de nivel básico, cuando el riesgo lo exija. Otros sujetos también obligados son los ubicados fuera de la Unión Europea que dirijan sus servicios a usuarios de países miembros o que reciban datos personales desde Europa, como explica la empresa de seguridad informática ESET en un comunicado.
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