Los servicios de inteligencia españoles tienen la fundada sospecha de que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) ha rastreado millones de conversaciones telefónicas, SMS o correos electrónicos con origen o destino en España, igual que en Francia o Alemania. El consuelo es que están convencidos, como también lo está el propio Gobierno, de que la poderosa agencia estadounidense dedicada a interceptar comunicaciones a escala global no ha espiado en cambio a políticos españoles, como sí ha hecho con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, o el expresidente mexicano Felipe Calderón.

La información adelantada ayer por el diario francés Le Monde, a partir de las filtraciones del exanalista Edward Snowden, evidencian que solo en un periodo de 30 días, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013, la NSA recopiló datos correspondientes a 70,3 millones de llamadas telefónicas en el país vecino. En la mayoría de los casos, no se habría accedido al contenido de las conversaciones, sino a datos asociados a las mismas: los números del autor y del receptor de la llamada, su duración, la hora a la que se hizo o la ubicación de ambos.

Las fuentes consultadas estiman que la mayor parte de la actividad de la NSA se centra en la recopilación de estos metadatos y solo en casos concretos, cuando se utilizan teléfonos previamente seleccionados o se emplea alguna palabra clave, se produce la grabación y escucha.

El problema es que la legislación española, una de las más garantistas del mundo, otorga tanta protección a estos metadatos como al contenido mismo de las conversaciones. La Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, obliga a los operadores a conservar los datos que permitan identificar el origen y destino de una comunicación (tanto de telefonía fija como móvil, correo electrónico o telefonía por Internet), pero solo pueden cederlos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los funcionarios de la Dirección de Vigilancia Aduanera cuando ejerzan funciones de policía judicial; así como al personal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) “en el curso de investigaciones de seguridad sobre personas y entidades”. Pero estos últimos necesitan luz verde del juez del Supremo que controla la interceptación de comunicaciones y la entrada en domicilios por parte de los agentes secretos. Es decir, siempre bajo control judicial, pues en otro caso sería delito.

Hasta tal punto es estricta la ley española que el Consejo Fiscal ha pedido que se reforme para que los datos que no afecten al secreto de las comunicaciones pueden cederse también a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas o a la Comisión de Propiedad Intelectual cuando desarrollen investigaciones en el ejercicio de sus competencias, sin que lo autorice un juez.

En julio pasado, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, aprovechó su visita a Washington para trasladar a la subsecretaria para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, la preocupación española por las filtraciones de Snowden, que demostraban que EE UU no solo había espiado a países hostiles o adversarios sino a aliados y amigos e incluso a instituciones como la UE o la ONU. Sherman se limitó a “tomar nota”.

El 12 de agosto, después de que el semanario alemán Der Spiegel, publicase un documento de la NSA, fechado en abril pasado, que situaba a España en el tercer nivel (de cinco) entre los países objetivo de la agencia (junto a Alemania, Francia, Japón e Italia), el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó al encargado de negocios de la Embajada de EE UU en Madrid, Luis G. Moreno. El subdirector para América del Norte, Luis Calvo, le pidió “aclaraciones” sobre la actividad de la NSA en España. El diplomático estadounidense aseguró comprender “la preocupación” española y se comprometió a intentar facilitar la información reclamada, aunque advirtió de que era política de la Administración Obama no comentar asuntos de inteligencia. En efecto, Exteriores seguía esperando todavía ayer las aclaraciones prometidas. Por su parte, la Embajada de EEUU en Madrid remitió a Washington para contestar a la pregunta de EL PAÍS sobre si la NSA ha realizado en España las mismas actividades que en Francia. Tampoco la Embajada de EE UU en Madrid contestó a la pregunta de EL PAÍS sobre si la NSA ha realizado en España las mismas actividades que en Francia.

La NSA y el CNI tienen un acuerdo de colaboración mutua y cooperan a la hora de identificar a los protagonistas de llamadas telefónicas o correos electrónicos en el curso de investigaciones sobre terrorismo u otros campos de interés común. Pero, aunque los servicios de inteligencia compartan los resultados de sus pesquisas, nunca lo harán con sus fuentes o los métodos que emplean para conseguirlos.

Antes del verano, los responsables de los servicios occidentales especializados en la inteligencia de señales (como el GCHQ británico) se reunieron en la prestigiosa academia militar de West Point invitados por el director de la NSA, el general Keith Alexander. Aunque la reunión estaba programada desde mucho antes, el caso Snowden irrumpió en los debates. Nadie reprochó al jefe de la NSA los métodos utilizados, pero alguno le afeó que no hubiera sido capaz de evitar su filtración a la prensa.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/21/actualidad/1382385797_654026.html