La ley española de conservación de datos (2007) tiene los días contados. O debería. El Tribunal de Justicia de la UE ha echado por tierra las legislaciones nacionales que obligan a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones electrónicas —de móvil, fijo, internet— a conservar determinados datos por sistema y de forma indiscriminada. Y que permiten el acceso a esos datos por parte de las autoridades sin las garantías suficientes.

"Esto nos afecta a todos", explica a 20minutos Jorge Campanillas, abogado tecnológico del despacho Iurismatica. En su opinión, a partir de ahora "no hay base" para que los operadores sigan conservando la información. ¿De qué hablamos? De datos que faciliten el rastreo de una comunicación, nombres, números, IP, fechas, horas... El contenido no, "aunque eso es lo de menos", apunta, porque "nuestras comunicaciones dejan muchos rastros".

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