Las aplicaciones creadas por el sector público vasco son cerradas, si su propietario no dice lo contrario. En un mes y medio será al revés: los programas serán abiertos, salvo los de colaboración público-privada o que afecten a la seguridad. El Gobierno de Patxi López ultima el decreto que regula la apertura de las aplicaciones informáticas, como ya hizo Andalucía en 2005. Por primera vez, además, un ejecutivo obliga a aprovechar los programas creados por consejerías y departamentos, organismos, entidades, fundaciones, consorcios y hasta los desarrollados por terceros con dinero público.

El País Vasco, que ofrece la información que obra en su poder a través de Open Data Euskadi, no solo abraza la cultura del usar, copiar, modificar y compartir. Aspira a racionalizar los costes tecnológicos para evitar, por ejemplo, que nueve entidades creen un traductor del castellano al euskera con el dinero de todos y, encima, no se entiendan. “Transparencia, apertura y reutilización. También es fundamental hacer sostenible las inversiones, porque el proceso modernizador de la administración se basa, en la mayoría de casos, en el uso masivo de tecnología”, dice Idoia Mendia, consejera de Justicia y Administración.

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