Se han cumplido ya tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual y su polémica regulación sobre la piratería o la agregación de contenidos. Este periodo se ha saldado con sólo dos expedientes y el Gobierno lamenta el tiempo perdido, aunque afirman que es mejor una mala Ley bien aplicada que lo contrario.

Tal y como podemos leer en El Mundo, la reforma de la LPI no ha terminado de contentar a nadie. Este cambio legislativo buscaba mejorar la capacidad de cerrar páginas web que enlazaran a contenidos protegidos por derechos de autor, concretamente a través de la Sección Segunda de la Secretaría de Estado de Cultura. Sólo se han formulado un par de denuncias ante este organismo y el Gobierno mira hacia las entidades de gestión de derechos.

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