El Gobierno de Estados Unidos insiste en su derecho a recabar información en cualquier país del mundo con objeto de proteger a sus ciudadanos, pero está dispuesto a revisar los programas actuales de espionaje para asegurarse de que se recoge la información que realmente se necesita, no toda la que su desarrollada tecnología es capaz de reunir.

En ese contexto, la portavoz del Departamento de Estado, Jean Psaki, comentó que la Administración estaba considerando la propuesta hecha por Alemania y Francia de discutir con EE UU nuevas reglas para limitar el espionaje, aunque añadió que no había todavía ninguna decisión al respecto.

La portavoz dijo que funcionarios de distintos niveles de la Administración habían mantenido contactos en los últimos días con Francia, con Alemania y con Italia para tratar de responder a la preocupación que el asunto del espionaje había provocado, y habían discutido fórmulas para poner fin a este conflicto.

Con ese propósito, el presidente Barack Obama ordenó hace ya varias semanas la revisión de los sistemas actuales de espionaje, pero ninguna novedad se ha producido desde entonces. Al contrario, las pruebas aportadas por Edward Snowden sobre la extensión casi ilimitada de la vigilancia de EE UU han continuado y las quejas de los países más afectados –Alemania, Brasil, Francia, México- han aumentado.

La crisis ha escalado hasta el punto de que la relación bilateral ha retrocedido, en términos prácticos, con alguno de sus aliados (Brasil), se ha complicado con otros (México) y ha adquirido una aspereza con Europa que no se recuerda desde los tiempos de la guerra de Irak, con la diferencia de que entonces estaba en la Casa Blanca un neo con antieuropeo y ahora está un progresista proeuropeo.

La Casa Blanca confía en poder salir de esta situación a base de amabilidad y contactos personales que devuelvan la calma a las agitadas capitales europeas. Entre otros perjuicios, el espionaje ha herido la dignidad de los europeos y los ha expuesto ante alguna de sus más profundas frustraciones: la desigualdad de su relación con EE UU.

Pese a que Obama y los portavoces norteamericanos insistan en que la práctica del espionaje es vieja y habitual entre todas las naciones del mundo, también entre amigos y aliados, les falta añadir que ninguna de ellas dispone de los medios con los que cuenta EE UU para entrometerse en los secretos ajenos y proteger los propios. Aunque Alemania tuviera interés en el teléfono móvil de Obama, es dudoso que consiguiera tener acceso a él.

El problema de fondo, por tanto, es el del disparatado tamaño y poder alcanzado por los servicios secretos de EE UU. La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de la que más se habla ahora porque es de donde proceden los papeles de Snowden, es solo una de las 16 agencias del Gobierno norteamericano dedicadas a recopilar información, toda la que puedan.

Los límites están, por supuesto, establecidos por la ley y por el control judicial y parlamentario al que el espionaje está formalmente sometido. Pero las nuevas tecnologías han hecho esos controles ineficaces y obsoletos. Ninguna comisión parlamentaria, ningún juez del tribunal establecido para ese fin es capaz de controlar las millones de comunicaciones que los servicios de inteligencia de EE UU siguen a diario. Si, además, esa comisión y ese tribunal actúan también en secreto, la falta de transparencia llega a ser alarmante.

Ese control es aún más difícil desde las atribuciones que la Ley Patriótica promulgada tras el 11 de septiembre de 2001 concedió al presidente. Obama reconoció hace unos meses en un discurso que esos poderes presidenciales eran excesivos y no estaban justificados por las amenazas a las que el país se enfrenta en la actualidad. Pidió al Congreso que se reformulara esa legislación, pero tampoco se ha avanzado al respecto todavía.

No es fácil la vuelta atrás. Una vez que se ha creado un monstruo de espionaje de semejantes proporciones, no es sencillo que éste acepte voluntariamente renunciar a sus capacidades. A los espías se les entrena para conseguir información. No es fácil añadirles excepciones.

Ahora Obama necesita, al menos, la apariencia de que se van a aumentar los controles. No se negocian las leyes nacionales con los Gobiernos de otros países, pero seguramente sería tranquilizador para Francia y Alemania la abolición de la Ley Patriótica. De cara a los propios norteamericanos, mayor transparencia parlamentaria y judicial parece lo más urgente.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/25/actualidad/1382728889_856995.html