El pasado viernes, la compañía británica de telefonía móvil Vodafone publicó un dossier sobre privacidad y vigilancia (como parte de su informe anual de responsabilidad social corporativa) en el que, por primera vez, da a conocer las obligaciones legales a las que tiene someterse en los 29 países en los que opera y las consecuencias de ello para el secreto de las comunicaciones.
Entre estos mandatos legales (que se pormenorizan en un anexo aparte), se incluye la posibilidad de dar acceso a las llamadas de sus usuarios a los respectivos gobiernos e incluso, en algunos de ellos, las autoridades tienen instaladas conexiones directas y permanentes a sus redes, lo que les permite, en la práctica, acceder a las comunicaciones de los clientes de Vodafone.
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