Si bien el gobierno chino ya ha sido relacionado anteriormente con prácticas de dudosa legalidad, que atentan contra los derechos más básicos de sus ciudadanos, como el espionaje, la censura de determinadas páginas web y la restricción del acceso a ciertos contenidos, hoy el país asiático vuelve a colarse en la actualidad noticiosa de la mano de una acusación: que podría estar usando el Big Data para conocer las opiniones políticas de sus estudiantes.

Así, y cuando solo han pasado tres días desde que los poderes públicos saltasen a la palestra fruto de la denuncia de una universitaria -que descubrió información sumamente homofóbica en libros de texto (y oficiales) sobre Psicología y Medicina, y cuya actuación marcó un hito histórico en su comunidad, que sufre una velada discriminación-; vuelven a hacerlo , también en el ámbito académico. Pero ¿cómo estaría rastreando, exactamente, el régimen estas tendencias?

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