Aunque polémicas siempre, en tiempos de crisis las prestaciones por desempleo se convierten en diana de todo tipo de críticas y opiniones. Esta semana, el presidente de la Comisión de Economía y Política Financiera de la CEOE, José Luis Feito, proponía que los parados que rechacen la primera oferta de trabajo dejen de cobrar la prestación.

Y decía más: "Como si la oferta es en Laponia". Y es que, según Feito, "en España hay una mentalidad de que el paro es una especie de renta, y que se tienen dos años para buscar trabajo", cuando, según él, en los países escandinavos, "que tienen un sistema de bienestar que admiramos todos", son más exigentes en la prestación de rentas y transferencias y la administración pública es muy poco tolerante cuando un individuo no acepta una oferta de trabajo.

La polémica no es nueva. Y las opiniones están muy divididas. Por un lado, los que consideran que las prestaciones llevan a los parados a no aplicarse en la búsqueda de empleo. El tantas veces repetido: "Prefieren no trabajar y seguir cobrando el desempleo". Es cierto que en España son muchas las personas que compaginan el cobro del paro con un trabajo en 'B'.

En el lado opuesto, los que creen que la prestación por desempleo es un derecho que el trabajador se ha 'ganado' con sus años en activo, que nadie está en paro por gusto, y que no se le puede exigir que acepte cualquier oferta de empleo si ésta le supone cobrar menos que la prestación, un trabajo que no se adecue a su formación, o un desplazamiento que le ocasione unos gastos que hagan que el trabajo no le reporte beneficios; no sólo por el gasto en transporte, sino por lo que puede conllevar si se tienen personas al cargo, o si se ve obligado a buscar instalarse en otra ciudad.

Aunque el Gobierno ha rechazado de plano la sugerencia de la CEOE, es un tema recurrente en la agenda de los diferentes ejecutivos. El último intento de reforma del sistema, en 2002, bajo mandato de José María Aznar, quedó en papel mojado, además de provocar una huelga general. Entonces, se proponía, entre otras cosas, la obligación de aceptar un empleo a 30 kilómetros del domicilio, con cualquier tipo de contrato y salario, además de la desaparición progresiva del PER (subsidio agrario).

Pero, ¿realmente el sistema español ofrece una protección por desempleo superior a la del resto de países europeos? ¿Cómo son esos otros sistemas, que tantas veces evocan políticos y empresarios como ejemplo de racionalidad y buenas prácticas?

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